See Disclaimer Below.

Archive for the ‘Politics’ Category

La defensa de Hayek de las comunidades descentralizadas

In Arts & Letters, Christianity, Conservatism, Economics, Essays, Humane Economy, Humanities, Jurisprudence, Law, liberal arts, Libertarianism, Philosophy, Politics, Religion, Scholarship, Southern History, Southern Literature, The South, Transnational Law, Western Philosophy on January 30, 2019 at 6:45 am

Originally published (and translated into Spanish) here at Mises Wire.

Mi charla de hoy trata sobre descentralización y epistemología. Para comenzar, deseo rechazar cualquier experiencia especializada en este tema. Soy un abogado de formación que ama la literatura y obtuvo un doctorado en inglés. Sería una exageración llamarme un filósofo o un teórico político, por lo tanto, esta declaración de responsabilidad de anclaje me impide navegar en los mares filosóficos.

He dividido mi argumento, tal como es, en dos partes: lo impersonal y lo personal. El primero es un caso filosófico de descentralización; el último involucra consideraciones privadas sobre relaciones humanas íntimas en torno a las cuales las comunidades de propósito común se organizan y conducen. Al final, los dos enfoques se refuerzan mutuamente y producen, espero, consideraciones benévolas y humanas. Sin embargo, presentarlos como señales separadas a diferentes audiencias cuya tolerancia a la apelación de los sentimientos puede variar.

Lo impersonal

El argumento impersonal se reduce a esto: los sistemas descentralizados de orden son más eficientes y, por lo tanto, más deseables, porque explican y responden mejor al conocimiento disperso en diversas comunidades con costumbres, ambiciones y valores únicos. Los sistemas de abajo hacia arriba, heterogéneos y gobernados por instituciones locales que reflejan el conocimiento, el talento y las opciones nativas sirven a la humanidad con mayor eficacia que los sistemas de arriba a abajo centralizados que no responden a las normas y costumbres locales.

La ley policéntrica, o policentrismo, es el término que uso para describir este arreglo organizativo. Otros nombres que se sugieren no expresan el dinamismo del policentrismo. El federalismo, por ejemplo, confunde debido a su asociación con los primeros federalistas estadounidenses. Además, presupone, incluso en su articulación por parte de los antifederalistas inadecuadamente denominados, una autoridad central demasiado fuerte, en mi opinión, debajo de la cual las autoridades locales sostienen que son subordinados iguales. El localismo, por su parte, sufre de asociaciones con políticas económicas proteccionistas y anticompetitivas. Otros nombres, como confederación, ciudad-estado o anarcocapitalismo, también tienen sus inconvenientes.

Así que me quedo con el policentrismo como la etiqueta operativa para el sistema de trabajo de las autoridades pequeñas y plurales que busco describir. El principal valor de este sistema es su propensión a moderar y verificar la ambición natural y el orgullo que lleva a los humanos no solo a las aspiraciones de poder y grandeza, sino también a las instituciones coercitivas y las maquinaciones que inhiben la organización voluntaria de los individuos en torno a normas y costumbres compartidas. Un orden policéntrico óptimo consiste en múltiples jurisdicciones en competencia de escala humana y razonable, cada una con sus propios poderes divididos que impiden la consolidación de la autoridad en la forma de un gobernante o tirano supremo (o, más probablemente en nuestra época, de un directivo, administrativo, y burocrático Estado) y cada uno con un documento escrito que describe las reglas e instituciones que rigen al mismo tiempo que afirma un compromiso central con objetivos comunes y una misión orientadora. Sin embargo, hablar de un orden policéntrico óptimo es problemático, porque los órdenes policéntricos permiten que distintas comunidades seleccionen y definan por sí mismas el conjunto operativo de reglas e instituciones que cumplen con sus principales ideales y principios favorecidos.

La teoría de precios de F.A. Hayek proporciona un punto de partida útil para analizar los beneficios de los modos de ordenamiento humano descentralizados y de abajo hacia arriba que representan el policentrismo. Esta teoría sostiene que el conocimiento está disperso en toda la sociedad e incapaz de ser comprendido por una sola persona o grupo de personas; por lo tanto, la planificación económica centralizada fracasa inevitablemente porque no puede evaluar o calcular con precisión las necesidades sentidas y las actividades coordinadas de personas lejanas en comunidades dispares; solo en una economía de mercado donde los consumidores compran y venden libremente de acuerdo con sus preferencias únicas, los precios confiables se revelarán gradualmente.

La teoría del conocimiento de Hayek se basa en la falibilidad y las limitaciones de la inteligencia humana. Debido a que la complejidad del comportamiento y la interacción humana excede la capacidad de una mente o grupo de mentes para comprenderla por completo, la coordinación humana requiere deferencia a órdenes emergentes o espontáneas, arraigadas en la costumbre, que se adaptan a las necesidades y preferencias dinámicas y en evolución de los consumidores cotidianos. La articulación de la teoría de los precios de Hayek contempla la sabiduría colectiva y agregada, es decir, el conocimiento incorpóreo o incorporado, y advierte contra los grandes diseños basados ​​en la supuesta experiencia de una clase selecta de personas.

Michael Polanyi, otro político y un ardiente antimarxista, expuso teorías relacionadas sobre el policentrismo, el orden espontáneo, la planificación central y el conocimiento, pero se centró menos en la teoría económica y más en el descubrimiento científico, la investigación independiente y el intercambio libre y sistemático de investigación e ideas. Desde su punto de vista, el avance científico no procedió a medida que avanza la construcción de una casa, es decir, de acuerdo con un plan o diseño fijo, sino mediante un proceso análogo a, en sus palabras, “la disposición ordenada de las células vivas que constituyen un organismo pluricelular.” 1 “A lo largo del proceso de desarrollo embrionario”, explicó, “cada célula persigue su propia vida, y sin embargo cada una ajusta su crecimiento al de sus vecinos para que emerja una estructura armoniosa del agregado.”2 “Esto”, concluyó, “es exactamente cómo cooperan los científicos: ajustando continuamente su línea de investigación a los resultados alcanzados hasta la fecha por sus colegas científicos”.3

Polanyi trabajó para demostrar que “la planificación central de la producción” era “estrictamente imposible”4 y que “las operaciones de un sistema de orden espontáneo en la sociedad, como el orden competitivo de un mercado, no pueden ser reemplazadas por el establecimiento de una agencia de pedidos deliberada.”5 Describió las ineficiencias de las estructuras organizativas puramente jerárquicas dentro de las cuales la información se eleva desde la base, mediada sucesivamente por niveles posteriores de autoridad más altos, llegando finalmente a la cima de una pirámide, a una autoridad suprema, que luego centraliza dirige todo el sistema, comandando las órdenes hacia la base. Este proceso complejo, además de ser ineficiente, es susceptible de desinformación, y de una falta de conocimiento confiable en el terreno de las circunstancias relevantes.

Si bien Polanyi señala casos mundanos de ordenación espontánea, como pasajeros en estaciones de tren, sin dirección central, parados en plataformas y ocupando asientos en los trenes, 6 también examina formas más complejas de adaptación de comportamiento a las interacciones interpersonales que, a lo largo del tiempo y a través de la repetición, emerge como hábitos y reglas entendidos tácitamente que ganan aceptación por parte del cuerpo corporativo más grande.

La centralización concentra el poder en menos personas en espacios más pequeños, mientras que la descentralización divide y distribuye el poder entre vastas redes de personas en espacios más amplios. Bajo el gobierno centralizado, las personas buenas que disfrutan del poder pueden, en teoría, lograr rápidamente el bien, pero las personas malvadas que disfrutan del poder pueden lograr rápidamente el mal. Debido a los peligros inherentes y apócrifos de esta última posibilidad, el gobierno centralizado no debe ser preferido. Nuestras tendencias como humanos son catastróficas, afirmándose a sí mismas en los comportamientos pecaminosos que ambos elegimos y no podemos ayudar. Hay, además, en un rango considerable de asuntos, desacuerdos sobre lo que constituye lo malo y lo bueno, lo malo y lo virtuoso. Si las preguntas sobre la maldad o la bondad, el mal y la virtuosidad se resuelven de forma simple o apresurada en favor del poder central, las comunidades resistentes (amenazadas, marginadas, silenciadas y coaccionadas) ejercerán finalmente su agencia política, movilizándose en alianzas insurreccionales para socavar la central. poder. Por lo tanto, el poder centralizado aumenta la probabilidad de violencia a gran escala, mientras que el gobierno descentralizado reduce los conflictos a niveles locales donde tienden a ser menores y compensadores.

Las órdenes policéntricas producen comunidades auto-constituidas que se regulan a través de las instituciones mediadoras que han erigido voluntariamente para alinearse con sus valores, tradiciones y prioridades. Su alcance y escala prácticos les permiten gobernarse a sí mismos de acuerdo con reglas vinculantes que generalmente son aceptables para la mayoría dentro de su jurisdicción.

Un hombre solo en el desierto es vulnerable a las amenazas. Sin embargo, cuando entra en la sociedad, se combina con otros que, con intereses comunes, se sirven y protegen mutuamente de amenazas externas. Si la sociedad crece y se materializa en vastos estados o gobiernos, las personas que viven en ella pierden su sentido de propósito común, su deseo de unirse para el beneficio y la protección mutuos. Surgen facciones y clases, cada una compitiendo por el poder. Las personas en las que supuestamente reside la soberanía del poder central pueden perder su poder y ser marginadas a medida que prolifera la red de funcionarios burocráticos. Las personas son desplazadas por armas y agencias del poder central. Aunque no se puede lograr progreso sin una competencia constructiva entre los grupos rivales, las sociedades no pueden prosperar cuando sus habitantes no comparten un sentido fundamental de identidad y propósito común.

El poder centralizado a primera vista puede parecer más eficiente porque su proceso de toma de decisiones no es complejo, ya que consiste en comandos de arriba hacia abajo para subordinados. Teóricamente, y solo teóricamente, la máxima eficiencia se podría lograr si todo el poder fuera poseído por una sola persona. Pero, por supuesto, en realidad, ninguna persona puede proteger su poder de amenazas externas o insubordinación interna. De hecho, la concentración de poder en una persona invita al disenso y la insurrección. Después de todo, es más fácil derrocar a una persona que derrocar a muchas. Por lo tanto, en la práctica, el poder centralizado requiere la autoridad suprema para construir burocracias de agentes y funcionarios de manera leal y diligente para instituir su directiva de arriba hacia abajo

Pero, ¿cómo genera el poder central un sentido de lealtad y deber entre estos subordinados? A través del patrocinio y los favores políticos, las pensiones, la búsqueda de rentas, el tráfico de influencias, las inmunidades, el compañerismo, el injerto, en definitiva, fortaleciendo el impulso humano para el auto-engrandecimiento, elevando a personas y grupos seleccionados a posiciones privilegiadas a expensas extraordinarias para personas o consumidores comunes. En consecuencia, la centralización como una forma de organización humana incentiva la corrupción, la mala conducta y la deshonestidad mientras se construyen redes complicadas de funcionarios costosos a través de los cuales se media y se distorsiona la información. El resultado es una corrupción generalizada, malentendidos e ineficiencia.

Incluso asumiendo arguendo de que la autoridad concentrada es más eficiente, facilitaría la capacidad de llevar a cabo el mal, así como el bien. Los supuestos beneficios del poder consolidado presuponen una autoridad suprema benevolente con un amplio conocimiento de las circunstancias nativas. Los posibles beneficios que se puedan obtener a través de una toma de decisiones hipotéticamente rápida se ven compensados ​​por los daños potenciales resultantes de la implementación de la decisión como ley vinculante. El conocimiento limitado y falible en el que se basa la decisión amplifica el daño resultante más allá de lo que podría haber sido en un sistema descentralizado que localiza el poder y por lo tanto disminuye la capacidad de las personas malas para causar daño.

Por lo tanto, la eficiencia, en su caso, de las órdenes de mando y la política de establecimiento de un modelo de arriba hacia abajo se neutraliza por las ineficiencias resultantes y las consecuencias perjudiciales que podrían haberse evitado si los planificadores centrales no hubieran presupuesto el conocimiento de las circunstancias locales. En ausencia de una autoridad de compensación, cualquier poder centralizado puede, sin justa causa, coaccionar y molestar a hombres y mujeres pacíficos en contravención de sus distintas leyes y costumbres. Naturalmente, estos hombres y mujeres, combinados como comunidades resistentes, disputarán una tiranía injustificada e indeseada que amenaza su forma de vida y la comprensión de la comunidad. La perturbación de la armonía social y la reacción violenta contra la coerción injustificada hacen ineficientes las operaciones supuestamente eficientes del poder central.

Después de una larga consideración, se hace evidente que, después de todo, los modos centralizados de poder no son más eficientes, que de hecho son contrarios a la libertad y la virtud en comparación con sus alternativas descentralizadas. Pero esa no es la única razón por la cual el modelo descentralizado es superior.

El personal

No disfrutas del buen vino simplemente hablando y pensando en él, sino bebiéndolo, olfateando sus aromas, girándolo en tu vaso, mojando tu lengua y cubriendo tu boca con él. Una verdadera apreciación del vino es experiencial, basada en el placer repetido de probar y consumir diferentes variedades de uva con sus componentes de sabor distintivo. La mayoría de las personas desarrollan sus amores y prioridades de esta manera. No aman las abstracciones, pero aman a sus vecinos, familias y amigos. Priorizan los temas que les son cercanos y diarios. Lo han hecho desde muy temprana edad. “Es dentro de las familias y otros arreglos institucionales característicos de la vida del vecindario, la aldea y la comunidad que la ciudadanía se aprende y se practica para la mayoría de las personas la mayor parte del tiempo”, dijo Vincent 7Ostrom. “El primer orden de prioridad en el aprendizaje del oficio de ciudadanía aplicado a los asuntos públicos”, agregó, “debe enfocarse en cómo hacer frente a los problemas en el contexto de la familia, el vecindario, la aldea y la comunidad. Aquí es donde las personas adquieren los rudimentos para autogobernarse, aprendiendo cómo vivir y trabajar con los demás”.8

Aprendí a aceptar la derrota, no de las campañas electorales nacionales, las guerras en el extranjero o los bancos demasiado grandes para quebrar que fracasaron, sino del béisbol de ligas menores, cuando mi equipo de tercer grado, los Cardenales, perdió en las semifinales, y cuando mi equipo de baloncesto de primer año perdió en la final. Todavía sueño con ese campeonato de baloncesto. Mi entrenador me había puesto en el juego con el único propósito de disparar triples, mi especialidad, pero la defensa me hizo un doble equipo. No pude conseguir un disparo claro. Cada vez que pasaba el balón, mi entrenador gritaba “no” y me ordenaba que disparara. A principios de la temporada, antes de que supiera mi habilidad detrás de la línea de tres puntos, gritó “no” cada vez que tomaba un tiro.

Aprendí sobre la injusticia cuando mi maestra de primer grado me castigó de una manera desproporcionada con mi presunta ofensa, que hasta el día de hoy niego haber cometido, y sobre la gracia y la misericordia cuando mi madre me perdonó, sin siquiera un azote. Por una ofensa que había cometido definitivamente.

Aprendí sobre Dios y la fe mientras desayunaba en la mesa de la cocina de mi abuela. Ella mantuvo una Biblia sobre la mesa al lado de una estantería llena de textos sobre temas y enseñanzas cristianas. En el centro de la mesa había un pequeño frasco de versículos de la Biblia. Recuerdo que metí la mano en el frasco y saqué versos, uno tras otro, fin de semana tras fin de semana, leyéndolos y luego discutiendo con ella cuál podría ser su significado. Este modo de aprendizaje fue íntimo, práctico y me preparó para experimentar a Dios por mí mismo, para estudiar Su palabra y descubrir mis creencias acerca de Él cuando más tarde me retiré a lugares de soledad para contemplar en silencio. Estas experiencias significaron mucho más para mí que las palabras de cualquier televangelista lejano.

Cada vez que me quedaba en la casa de mis abuelos, mi abuelo se despertaba temprano y encendía la cafetera. Mi hermano y yo, al escucharlo abajo, corríamos a su lado. Compartió secciones del periódico con nosotros y nos permitió tomar café con él. Nos hizo sentir como adultos responsables, dos niños pequeños con el periódico y el café en la mano, reflexionando sobre los acontecimientos actuales y emitiendo juicios sobre las últimas tendencias y escándalos políticos. Esta educación indispensable no provino de la difusión pública o de algún proyecto costoso de alfabetización cívica orquestado por la Fundación Nacional para las Artes o la Fundación Nacional para las Humanidades. Venía de la familia, en espacios familiares, en el calor de un hogar amoroso.

La señora Stubbs me enseñó modales y decoro en el cotillón, aunque nunca logró enseñarme a bailar. Aprendí la etiqueta en el campo de golf donde pasé los veranos de mi infancia jugando con grupos de hombres adultos, compitiendo con ellos mientras aprendía a hacer preguntas sobre sus carreras y profesiones, guardando silencio mientras giraban o ponían, no andando en sus líneas, sosteniendo el flagstick para ellos, otorgándoles honores en el tee cuando obtuvieron la puntuación más baja en el hoyo anterior, rastrillando los bunkers, caminando con cuidado para evitar dejar marcas de picos en los greens, reparando las marcas de mis bolas, etc.

Me enteré de la muerte cuando una niña con la que viajé a la iglesia falleció de cáncer. Tenía solo cuatro o cinco años cuando murió. Luego vino la muerte de mi bisabuela, luego mi bisabuelo, luego mi abuelo, y así sucesivamente, lo que hasta el día de hoy se me acerca. En el Sur aún abrimos nuestros ataúdes para mostrar cadáveres y recordarnos la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Este ritual solemne nos mantiene conscientes de nuestro propósito en la vida, nos acerca a nuestros amigos y familiares y nos asegura que contemplamos las preguntas más graves y más importantes.

Mis dos abuelos significaban el mundo para mí. Ambos llevaban trajes y corbatas para trabajar todos los días. Se vistieron profesionalmente y con responsabilidad para cada ocasión. Los copié a temprana edad. En la escuela secundaria, mientras los otros niños se entregaban a las últimas modas y modas, usaba camisas abotonadas metidas cuidadosamente en los pantalones. Pensé que no obtendría puntos con mis compañeros disfrazándome para la clase, pero en poco tiempo muchos de mis amigos adoptaron la práctica cuando empezamos a pensar en nosotros mismos como hombres pequeños en busca de una educación. Debido a que éramos atletas, nuestra ropa no solo fue tolerada sino que finalmente se imitó. Cuando los otros equipos de baloncesto se presentaron en nuestro gimnasio, los conocimos con abrigo y corbata mientras llevaban camisetas demasiado grandes y pantalones sueltos que se hundían debajo de las puntas traseras. Nuestro equipo podría haberlos asustado por nuestro atuendo formal. Pero los sorprendimos aún más después de que nos trasladamos al vestuario, nos pusimos nuestras camisetas, irrumpimos en la cancha y luego los derrotábamos.

Podría seguir. El punto es que la experiencia sentida define quiénes somos y da forma a cómo nos comportamos. Como señaló el juez Holmes, “Lo que más amamos y veneramos en general está determinado por las primeras asociaciones. Me encantan las rocas de granito y los arbustos de agracejo, sin duda porque con ellos estuvieron mis primeros gozos que se remontan a la eternidad pasada de mi vida”.9 Lo que dice a continuación es más importante:

Pero mientras que la experiencia de uno hace que ciertas preferencias sean dogmáticas para uno mismo, el reconocimiento de cómo llegaron a ser así deja a uno capaz de ver que otros, las almas pobres, pueden ser igualmente dogmáticos respecto de otra cosa. Y esto de nuevo significa escepticismo. No es que la creencia o el amor de uno no permanezca. No es que no lucharíamos y moriríamos por ello si fuera importante; todos, lo sepamos o no, estamos luchando para crear el tipo de mundo que nos debería gustar, sino que hemos aprendido a reconocer que los demás lucharán y morirán. Para hacer un mundo diferente, con igual sinceridad o creencia. Las preferencias profundamente arraigadas no se pueden discutir (no se puede argumentar que a un hombre le guste un vaso de cerveza) y, por lo tanto, cuando las diferencias son lo suficientemente amplias, tratamos de matar al otro hombre en lugar de dejar que se salga con la suya. Pero eso es perfectamente consistente con admitir que, por lo que parece, sus argumentos son tan buenos como los 10nuestros.

Tomo estas palabras como precaución, como un claro recordatorio del horroroso potencial de la violencia inherente al intento de un grupo de personas formado por ciertas asociaciones para imponer por la fuerza sus normas y prácticas a otro grupo de personas formadas por asociaciones diferentes. La virtud distintiva de la policentrismo es dar cabida a estas diferencias y minimizar las posibilidades de violencia al difundir y dispersar el poder.

Conclusión

El orden policéntrico que defiendo no es utópico; es concreto y práctico, y está ejemplificado por las instituciones mediadoras y las autoridades subsidiarias, tales como iglesias, sinagogas, clubes, ligas pequeñas, asociaciones comunitarias, escuelas y membrecías profesionales a través de las cuales nos expresamos, políticamente o de otra manera, y con cuyas reglas voluntariamente aceptamos.

Cuando encendemos nuestros televisores por la noche, somos muchos de nosotros de esta parte del país, perturbados por el aumento de la conducta lasciva, la retórica divisiva, el comportamiento malicioso y la decadencia institucionalizada que son contrarias a nuestras normas locales pero sistémicamente y fuertemente forzado sobre nosotros por poderes extranjeros o externos. Apagar la televisión en protesta parece ser nuestro único modo de resistencia, nuestra única manera de disentir. Disgustados por la creciente evidencia de que nuestros políticos han reunido el aparato del poderoso gobierno federal para alcanzar la fama y la gloria personal, muchos de nosotros nos sentimos explotados y sin poder. Sin embargo, frente a las burocracias estatales masivas, las grandes corporaciones, los medios parciales, los periodistas tendenciosos y los militares al mando, ejercemos nuestra agencia, brindando alegría y esperanza a nuestras familias, amigos y vecinos, atendiendo a circunstancias concretas que están bajo nuestro control directo. La promesa de comunidad nos revitaliza y refresca.

Recientemente paseé por Copenhague, Dinamarca, un brillante domingo por la mañana. Aunque las campanas de la iglesia sonaban por las calles, haciendo eco en los edificios y las aceras de adoquines, silenciando las conversaciones y sobresaltando a algunas palomas, las iglesias permanecieron vacías. No vi adoradores ni servicios de adoración. Algunas de las iglesias habían sido reutilizadas como cafés y restaurantes con camareros y camareras pero no pastores ni sacerdotes; los clientes bebían su vino y comían su pan en mesas pequeñas, pero no había rituales de comunión ni sacramentos.

Un mes después, también un domingo, volé a Montgomery, Alabama, desde Dallas, Texas. A medida que el avión descendía lentamente bajo las nubes, las pequeñas figuras de casas de muñecas y los edificios modelo debajo de mí cobraron vida, convirtiéndose en personas y estructuras reales. Contemplé las docenas de iglesias que salpicaban el paisaje plano y ensanchado, que crecía cada vez más a medida que nos acercábamos al aeropuerto. Y observé, sentado allí, el stock todavía impulsado a través del espacio, que los estacionamientos de cada iglesia estaban llenos de autos, que había, a esta hora temprana, cientos, si no miles, de mi gente allí antes que yo, adorando al mismo Dios. Adoré, el mismo Dios que mis padres y abuelos y sus padres y abuelos habían adorado; Y sentí, en ese momento, profunda y profundamente, por primera vez en años, un sentimiento raro pero inconfundible: esperanza no solo para mi comunidad, sino también para la comunidad.

  • 1.Michael Polanyi, La lógica de la libertad: Reflexiones y réplicas (Indianapolis Liberty Fund, 1998) (1951), pág. 109.
  • 2.Ibid.
  • 3.Ibid.
  • 4.Ibid en 136.
  • 5.Ibid en 137.
  • 6.Ibid. a los 141 años.
  • 7.Vincent Ostrom, The Meaning of Democracy and the Vulnerability of Democracies (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1997), pág. X.
  • 8.Ibid.
  • 9.Oliver Wendell Holmes Jr. “Natural Law”. Harvard Law Review, vol. 32 (1918-19), p. 41.
  • 10.Holmes a los 41.
Advertisements

Focus on Reining in the American Bar Association

In Academia, higher education, Law, Law School, Legal Education & Pedagogy, Politics, university on December 3, 2018 at 9:25 am

This post originally appeared here at the blog of the National Association of Scholars.

What the 2018 Election Means for Higher Education

When the 116th Congress is seated in January, political control will be divided, with Democrats holding a majority in the House and Republicans in the Senate. What does this mean for higher education? We asked a few NAS members to weigh in.

What does the 2018 election portend for higher education?  The question might be reframed this way: having lost their majority in the House of Representatives, what can Republican lawmakers expect to accomplish in the field of higher education between 2018 and 2020? The answer, in short, is “not much.”  So long, for now, to the PROSPER Act and the reauthorization of the Higher Education Act. Perhaps with some experience in Congress, however, Alexandria Ocasio-Cortez will learn what makes up our three branches of government—a minor gain for education in this country, but a gain nonetheless.

One promising development involves the Department of Education’s proposed Title IX guidelines that would amend rules regarding sexual-assault adjudications on college campuses to restore certain due-process rights of the accused. These guidelines have now entered a 60-day period of public comment; if they are adopted, they will go into effect in 2020.

Will Betsy DeVos remain the Secretary of the Department of Education through 2020?  Given the number of dismissals and resignations among President Donald Trump’s political appointees, the question is worth asking.  And if DeVos is out, who is in?  President Trump reportedly offered the job to Jerry Falwell Jr., the president of Liberty University, before approaching DeVos.  Larry Arnn, the president of Hillsdale College, was allegedly in the running as well.  But would leaders of this stature and reputation give up the success they enjoy at their present institutions to take a position they might hold for no more than a year?  Not likely.

If I had one suggestion for the Department of Education going forward, it would be to strip the American Bar Association of its accreditation authority over law schools, leaving state supreme courts and state bar associations to determine whether graduates of any given law school may sit for the bar examination in their state. This move would require pressure from law schools, state legislators, and state supreme courts. It could unite conservatives and progressives in common cause. As I have stated elsewhere, “In this period of political rancor, reining in the ABA should appeal to both the Left and the Right, the former on grounds of racial diversity and fundamental fairness and the latter on grounds of decentralization and economic freedom.” There’s much more to say about this issue (see, e.g., here). My hope is that it becomes part of the national conversation.

Casey Michel’s Poor Reporting About YesCalifornia

In Ethics, History, Philosophy, Politics on December 2, 2018 at 4:45 pm

Recently a journalist named Mr. Casey Michel wrote a malicious article that mischaracterized and misrepresented who I am and what I stand for.  Mr. Marcus Ruiz Evans, who heads up YesCalifornia, an organization advocating the secession of California from the United States, and who was also discussed in Mr. Michel’s article, informed me that Mr. Michel’s article contained inaccuracies regarding YesCalifornia as well.  So I decided to take a closer look.

Mr. Michel states, without providing or citing evidence, that YesCalifornia is “a Kremlin-backed group” that “has acted as one of the most obvious fronts for Russian interference efforts over the past few years.” I got in touch with Mr. Michel and asked him, for the record, whether he could verify or substantiate this claim. He has not responded. Curiously, however, he has written elsewhere that “[n]o evidence has emerged of direct Kremlin funding for the Calexit initiative, or similar endeavors in the United States.”

Mr. Michel also states that YesCalifornia was “reportedly helped by the architects of Russia’s social media interference efforts—one of the few American organizations directly linked to the types of fake Facebook and Twitter accounts that meddled in U.S. politics the past few years.” The words “linked directly” hyperlink to a BBC News article (“‘Russian trolls’ promoted California independence,” November 4, 2017) that does not claim a direct link between Russian social media accounts and YesCalifornia. Rather, the article states that social media accounts banned by Twitter due to ties to the Internet Research Agency—“a St. Petersburg-based ‘troll factory”—were pushing #Calexit hashtags and linking “to other social media accounts advocating the secession of California from the United States.”

I asked Mr. Evans about this BBC article. He wrote back that Mr. Michel “fails to point out that the article he links to directly contradicts the narrative that he is pushing, which is that Calexit is mostly, or nothing but a Russian backed social movement.” He clarified that, “although the FBI was instructing all technology companies to shut down all social media counts linked to the Russian government, the YesCalifornia Twitter and Facebook page have been untouched and are still active at this time, proving that the FBI itself confirms that YesCalifornia is an actual organic group.”

Mr. Michel is quoted in the BBC article as saying that the Anti-Globalisation Movement “received funding from the Kremlin to organize this conference to pay for the travel and lodging of American and European secession movements,” and that Louis Marinelli (a cofounder of YesCalifornia), spoke at an Anti-Globalisation conference. Mr. Michel provides no citation or evidence to back up his claim that the Kremlin helped to subsidize this conference. The fact that Mr. Marinelli spoke at a conference hosted by an organization with which he is not affiliated, moreover, hardly qualifies as a “direct link” between YesCalifornia and Russian interference in U.S. politics. In fact, Mr. Michel told a reporter for Playboy that “there’s no indication Marinelli himself has received funding from the Russian government,” adding, however, that “Yes California received rent-free space for its ‘Embassy’…provided by the Kremlin funded Anti-Globalization Movement of Russia.”

I know little about YesCalifornia or California secession movements, and even less about Russian meddling in U.S. politics. I cannot affirm or deny Mr. Michel’s claims about them. That, however, is precisely the problem: an educated reader ought to be able to evaluate the truthfulness of claims in articles that are published for a mass readership. Such claims should be fact-checked and scrutinized before they reach print. Journalists must be careful to distinguish fact from opinion, and possibility from actuality. They must clarify when they are speculating and when they are registering uncontroverted data. It isn’t fair to the general public for the media to convey vague or unsubstantiated allegations, placing the burden on skeptical readers to affirm or deny reported claims. Most readers are not lawyers or journalists trained and equipped for such rigorous undertakings. They don’t have time systematically to discredit every journalist who raises suspicions.

Review of Amy Chua’s Political Tribes

In Academia, America, American History, Arts & Letters, Books, History, Humanities, liberal arts, Politics, Scholarship on November 14, 2018 at 6:45 am

This review originally appeared in Academic Questions. 

Amy Chua, known both affectionately and derogatively as “Tiger Mom” after her highly acclaimed Battle Hymn of the Tiger Mother (2011), is a law professor at Yale Law School and an expert on globalization and international business transactions. She has the impeccable credentials of the typical law professor: Harvard University, Harvard Law School, clerkship with a federal appellate judge, and private practice experience at a Wall Street law firm. Her first book, World On Fire, coined the term “market-dominant minorities” to refer to “ethnic minorities who, for widely varying reasons, tend under market conditions to dominate economically, often to a startling extent, the ‘indigenous’ majorities around them.”[1] Certain minority populations, this theory runs, exert disproportionate control over their regional economy, fomenting in the process group backlash, resentment, and tribalism among those impoverished majorities who feel disenfranchised or marginalized.

The theme of market-dominant minorities underlies Chua’s latest book, Political Tribes: Group Instinct and the Fate of Nations, which examines domestic identity politics and the effects of foreign identity politics on U.S. foreign policy. Chua’s focus on tribalism, that instinctual tendency of humans to associate around shared norms, values, histories, customs, and traditions, holds together what feels like two different arguments: the one about culture at home and the other about foreign policy.

The less original of the two involves foreign policy. Five of Chua’s eight chapters can be reasonably reduced to a simple conclusion: American military intervention and capitalism did not succeed in Vietnam, Afghanistan, Iraq, Venezuela, and elsewhere because they were predicated on ideals that did not square with local, on-the-ground realities. In short, American values could not be universalized; presuming their viability in complex ethnic or tribal conflicts abroad led to disastrous consequences. Although she doesn’t cite him, her theme seems Hayekian: faraway experts cannot rationally design workable systems for the particular circumstances that are intelligible only to those with native knowledge.

Chua’s account of domestic tribalism and identity politics, on the other hand, is premised on the claim that America, historically, has been a “super-group.” A super-group is characterized by membership that “is open to individuals from all different backgrounds—ethnic, religious, racial, cultural.” Moreover, “a super-group does not require its members to shed or suppress their subgroup identities.” Rather, “it allows those subgroup identities to thrive, even as individuals are bound together by a strong, overarching collective identity” (12).

Tribalism, Chua submits, is spreading throughout the United States, dividing people by racial and class identities. When people identify with and as groups, she argues, they see themselves as victims and respond to perceived threats by retreating into insularity, defensiveness, and punitiveness. Elites, as a tribe, disdain “the provincial, the plebian, [and] the patriotic.” By contrast, “many ordinary Americans have come to view the elite as a distant minority controlling the levers of power from afar, ignorant about and uninterested in ‘real’ Americans” (6-7).

Chua alleges that the United States has split into the “haves” and “have-nots,” recognizable categories that are nevertheless crude. Although she describes several examples of groups that fall within these categories, her central concern is the difference between the progressive, elite, activist haves and the populist, patriotic have nots. The former purport to speak for marginalized, underclass groups without actually including those groups as members. The latter embraces the prosperity gospel and watches NASCAR and WWE. The haves and have nots, in this cartoonish illustration, represent “America’s two white tribes,” which have, she believes, turned against each other.

Chua seems correct about the alienation of white America in light of rapidly changing demographics and cultural norms. “For tens of millions of white Americans today,” she says, “mainstream popular culture displays an un-Christian, minority-glorifying, LGBTQ America they can’t and don’t want to recognize as their country—an America that seems to exclude them, to treat them as the enemy” (173). Yet Chua is off-base in assuming that the United States is or ever was a super-group, let alone “the only [super-group] among the major powers of the world.” She states: “We have forged a national identity that transcends tribal politics—an identity that does not belong to any subgroup, that is strong and capacious enough to hold together an incredibly diverse population, making us all American” (166). Her fear is that tribalism will cause America to lose “who we are.”

But who are “we”? Citizens of the United States? People who live within the territorial boundaries of the United States? People whose ancestors came from—where? She never clarifies. Are “we” unifying or coming apart the more diverse we become in terms of culture, religion, race, national origin, and so forth? Is it really an identity that holds us together? What about our Constitution, which, in the words of Albert Jay Nock, “recognizes no political boundaries, no distinctions of race or nation” in that “our allegiance to it takes precedence over every local or personal interest.”[2]

The fact is that America—both the idea and the geographical territory—has never truly been open to the kind of all-inclusive, harmonious diversity that Chua celebrates. The growing cultural chasm between New England and the South during the eighteenth century does not seem to have transcended tribal politics. The economy of the yeoman farmer and eventually the plantation system with its chattel slavery in the nineteenth-century agricultural south stood in stark contrast to the busy industry of New England. During the Civil War, southerners in the Confederate States of America would not have identified as American while retaining a “sub-group” identity.

There are many Americas. The history of the United States consists of numerous conflicts over which and whose version of America should prevail. It’s true, of course, that the United States has enjoyed, to some extent, an “ethnicity-transcending national identity and . . . unusual success in assimilating people from diverse origins,” at least if the total number of immigrants and the fact that many of them do feel part of a larger America are any indication. But the existence of the National Origins Formula, in effect from 1921 to 1965, and the immigrant exclusion laws (e.g., the Chinese Exclusion Act of 1882) suggest that the United States has, at times, been at least equally committed to keeping certain immigrants out of the country.

Treatment of immigrants in the United States has differed in kind and degree from region to region, city to city, and decade to decade. Thus, to purport that America has maintained some uniform and constant attitude towards immigrants, immigration, cultural multiplicity, ethnic minorities, and religious variety is mistaken. The United States may have been comparatively better than other nations at instituting welcoming, tolerant laws and policies regarding immigrants, but it has, for better or worse, always been tribal. In other words, tribalism in this country is not a new problem necessitating sudden panic.

Chua seems to recognize this weakness in her case, acknowledging that “American politics have always been identity politics.” She adds: “If we define ‘identity politics broadly, to include cultural and social movements based on group identities, then slavery and Jim Crow were forms of identity politics for white Americans, just as the suffragette movement at the turn of the twentieth century was for women.” If that’s true, then what’s so dangerously different now? How could she imply that things have gotten worse than they were during the Jim Crow Era? Her response: “[A]t different times in the past, both the American Left and the American Right have stood for group-transcending values. Neither does today” (22).

One problem with this blanket assertion is what it doesn’t say, namely that those group-transcending values that have existed in certain periods were never identical or homogenous across the United States, never part of a consistent narrative with which large swaths of the American population would agree. The imaginary utopian super-group America that Chua promotes and envisions is the product of myth. She recalls the airy, exhilarating rhetoric of the honorable St. Jean de Crèvecœur, a French liberal aristocrat enthused by the democratic possibility inspired by the New World. Yet Crèvecœur’s sentimentality was time bound, reflecting the Enlightenment excitement and optimistic mood out of which sprang the myth of the American Dream. The United States, however, has never been “a group in which membership is open to individuals of any background but that at the same time binds its members together with a strong, overarching, group-transcending collective identity.”

Myths express narrative truths about ourselves that we tell ourselves and others. The population of the United States has grown steadily and rapidly since the Founding era due to immigration, among other factors. Chua asserts that, “[o]ver the centuries, through the alchemy of markets, democracy, intermarriage, and individualism, America has been uniquely successful in attracting and assimilating diverse populations,” and that “the United States has always been one of the most ethnically and religiously open countries in the world.” She’s accurate by the measure of overall immigrant population and by the nature of our immigration laws in some respects during some periods. To be uniquely successful, however, is not to be fully or even consistently successful.

Perhaps the most unifying idea behind America, the sentiment that more than others achieved national solidarity, involved antimonarchy; for to become American has not required proof of bloodline, feudal hierarchy, or title. Still, for most of our nation’s history, immigration has originated from European nations, where monarchy was slow to dissolve and still exists in residual forms. And if you wanted to climb the social ladder, it didn’t hurt to belong to certain families: the Adamses, the Quincys, the Appletons, the Harrisons, the Cabots, the Lodges, the Roosevelts, the Holmeses, the Thayers, the Coolidges, the Rockefellers, the Peabodys, the Kennedys, the Bushes. America has lacked kings and queens, but it has erected de facto aristocracies.

The linguistic history of the United States might lend substance to Chua’s thesis about anti-tribalism and the possibility of immigrant incorporation into American civic life. Early America was a polyglot society, but the United States did not become a polylingual nation. In the contest for primacy among native dialects—Spanish in Florida and the southwest, French in Louisiana, Dutch in New York, German in Pennsylvania, and the multiple languages of immigrants from China or Japan, Italy or South America—English won out as the common tongue. Yet Chua isn’t talking about language when she extols America the super-group; she ignores arguably the most important corroborating evidence that supports her premise.

Chua sounds, in her anti-tribalism, more like a sanctimonious Barack Obama than our Founding Fathers. Obama’s 2016 speech to the Democratic National convention cast then-candidate Donald Trump, and by implication his supporters, as un-American. “[T]hat is not the America I know,” Obama said of Trump’s speech to the Republican National Convention the week before.[3] He continued:

 

The America I know is decent and generous . . . I see Americans of every party, every background, every faith who believe that we are stronger together—black, white, Latino, Asian, Native American; young, old; gay, straight; men, women, folks with disabilities, all pledging allegiance, under the same proud flag, to this big, bold country that we love. That’s the America I know![4]

 

This America that Obama knows was not known by George Washington, John Adams, or Thomas Jefferson. But what of Hamilton, the musical-inspiring “immigrant” from the British West Indies, who rose through the military ranks in service to Washington, eventually becoming a prominent Founding Father? He asserted that

 

foreigners will generally be apt to bring with them attachments to the persons they have left behind; to the country of their nativity, and to its particular customs and manners . . . The influx of foreigners must, therefore, tend to produce a heterogeneous compound; to change and corrupt the national spirit; to complicate and confound public opinion; to introduce foreign propensities.[5]

 

Hamilton’s conclusion? “The United States has already felt the evils of incorporating a large number of foreigners into their national mass; it has served very much to divide the community and to distract our councils, by promoting in different classes different predilections in favor of particular foreign nations, and antipathies against others.”[6] So Hamilton was a tribalist and nativist, after all.

What of the enlightened, homespun, and cosmopolitan Benjamin Franklin? He declared that

 

the number of white people in the world is proportionably [sic] very small. All Africa is black or tawny. Asia chiefly tawny. America (exclusive of the new comers) wholly so. And in Europe, the Spaniards, Italians, French, Russians, and Swedes are generally of what we call a swarthy complexion; as are the Germans also, the Saxons only excepted, who with the English make the principal boy of white people on the face of the earth. I could wish their numbers were increased. And while we are, as I may call it, scouring our planet, by clearing America of woods, and so making this side of our globe reflect a brighter light to the eyes of inhabitants in Mars or Venus, why should we in the sight of superior beings, darken its people? why increase the sons of Africa, by planting them in America, where we have so fair an opportunity, by excluding all blacks and tawneys, of increasing the lovely white and red? But perhaps I am partial to the complexion of my Country, for such kind of partiality is natural to Mankind.[7]

 

Turns out Franklin was tribalist and nativist as well.

The super-group representation of America proclaimed by Obama and Chua is attributable to only a sliver of American history in the late twentieth century. It was after the Civil Rights Act of 1964, in Chua’s view, when “America underwent [a] profound transformation: from a multiethnic nation into something even more unusual: a super-group” (27). But is it proper and anthropologically sound to define America by what amounts to around 22 percent of its history since 1776?  Doing so could be a reason why some white Americans have, in Chua’s words, asserted “ownership of the country’s past” with a tribal attitude: “We built this land of opportunity and invited you in, and now we’re being demonized for its imperfections.

Myths idealize and romanticize truth, blurring the lines between fiction and reality. As a scholar, Chua ought to be in the business of ferreting out the truth rather than distorting or glossing over it through mythmaking. She applauds the inclusiveness of America as a super-group without acknowledging the ironic implication that, a fortiori, those who disagree with her are wrong about their definition of America. Of valid conceptions of America that might seem tribal, or at least out of key with her postwar liberal revivalism, she has nothing favorable to say. She therefore opens herself up to criticism that will only compound rather than mitigate the tribalism she seeks to abate.

Chua betrays her own thesis: From a position of supposed authority, she presumes knowledge about the way ordinary people in the United States think about their country. She thereby reveals her own tribalism, to which she seems blind, and unwittingly presents herself as a member of the elite tribe that she so decries. With the wave of a hand, she lumps Americans into two undesirable categories, the haves and have nots, never taking the time to explain whether and how these categories are permeable or inadequately representative of a diverse population with distinct experiences.

Despite her intended message of peaceable inclusivism, Chua might be  misinterpreted as  insisting that newcomers, local communities, and regional cultures give up their customs and traditions and embrace the assimilationist experiment that she portrays  as essential to American identity. She says, for instance, “we need to collectively find a national identity capacious enough to resonate with, and hold together as one people, Americans of all sorts—old and young, immigrant and native born, urban and rural, descendants of slaves as well as descendants of slave owners” (203).  This is a beautiful but quixotic proposal, one that could require groups to abandon positions that are integral to their identity and Weltanschauung.

Chua’s proposal also  raises questions about how much coercion she believes to be justified to stamp out opposition or dissent in the name of absolute inclusion. What reasonable thinker would in good faith disagree that  “what is needed is one-on-one human engagement” (201), or that “[w]hen people from different tribes see one another as human beings who at the end of the day want the same things—kindness, dignity, security for loved ones—hearts can change” (202)? The problem, of course, is translating that compassionate sentiment into official policy through government or institutions. People cannot be forced to love each other.

Anti-tribalism is tribal, i.e., a view embraced by certain elite groups in America without regard to the perspective of many ordinary Americans. Political Tribes suggests, therefore, that Chua is part of the problem: her type of tribalism is acceptable, others are not. A more convincing plea would acknowledge that the breezy cosmopolitanism Chua prefers is not accessible to all, and offer a more nuanced depiction of “Americanness” and its multiplicities.

 

[1] Amy Chua, World On Fire (First Anchor Books, 2014), p. 6.

[2] Albert Jay Nock, The Theory of Education in the United States (New York: Harcourt, Brace and Company, 1932), 1.

[3] Full text of Barack Obama’s speech available in the Los Angeles Times: http://www.latimes.com/politics/la-na-pol-obama-2016-convention-speech-transcript-20160727-snap-story.html.

[4] “Read: President Obama’s Speech at the Democratic Convention,” NPR, July 28, 2016. https://www.npr.org/2016/07/28/487722643/read-president-obamas-speech-at-the-democratic-convention.

[5] The Papers of Alexander Hamilton: Vol. XXV July 1800 – April 1802, edited by Harold C. Syrett (Columbia University Press, 1977), 496.

[6] Ibid.

[7] Benjamin Franklin, Observations Concerning the Increase of Mankind, Peopling of Countries, Etc. (New York Reprint: W. Abbatt, 1918), 224.

The Kavanaugh Hearings Were a Missed Opportunity—For Both Sides

In Humanities, Judicial Activism, Judicial Restraint, Jurisprudence, Justice, Law, Politics, The Supreme Court on September 12, 2018 at 6:45 am

This article originally appeared here in The Intercollegiate Review.

By now you’ve heard about the combative spectacle that was last week’s Senate Judiciary Committee hearing for President Trump’s nominee to the U.S. Supreme Court, Judge Brett Kavanaugh. This momentous event was characterized not by political acumen, wit, cunning, or prudence, but by partisan obstruction, lawlessness, tantrums, hysteria, ignorance, frenzy, and anger.

Protestors screamed vulgarities and trite slogans, proving they were not interested in Kavanaugh’s responses or in substantive intellectual debate. Seventy of them were arrested on Tuesday alone. If anything, their recurring interruptions and crude histrionics gave Kavanaugh time to pause and think about his responses rather than tire out and let down his guard.

Online left-wing rabble-rousers peddled an absurd conspiracy theory about Zina Bash, a former clerk for Kavanaugh—only shortly before right-wing conspiracy theorist Alex Jones was banned from Twitter. Senator Cory Booker, a Democrat from New Jersey, publicly released documents that were allegedly confidential, claiming full knowledge of the possible repercussions of his act—namely, expulsion from the Senate. “Bring it,” Booker taunted Senator John Cornyn, who warned about the consequences of the supposed confidentiality breach. With unintended levity, Booker announced his “I am Spartacus” moment. Only the documents weren’t confidential after all; they’d already been approved for public release. Thus, Booker’s Spartacus Moment was merely a political stunt of faux bravery.

Why this hostility? Why these shenanigans?

A Deep Philosophical Clash

For starters, the midterm election cycle is upon us and the Mueller investigation appears to be nearing an end. Politicians like Booker are grandstanding for political gain as they consider running for president. Kavanaugh has been tapped to replace Justice Anthony Kennedy, moreover, who was the court’s so-called swing vote, whereas Justice Gorsuch filled Justice Scalia’s seat. Gorsuch’s appointment did not tip the balance of the court the way Kavanaugh’s might. Democrats also remain angry that Republicans did not act on President Obama’s nomination of Merrick Garland.

But something more is going on. We’re witnessing a philosophical clash regarding the proper role of the judiciary.

Kavanaugh identifies as an originalist and a textualist. Originalism comes in different permutations, having evolved since the days when it sought principally to recover the original intent of an author or authors. Its most prominent adherents today see it as an interpretive approach to the original public meaning of a text. It maintains that the words of the law should be construed according to their ordinary meaning as understood by a reasonable person at the time they were enacted.

Textualism, similarly, interprets words without resort to extratextual factors such as authorial intent or legislative history, focusing instead on the ordinary meaning of words as written. For the purposes of this piece, I use the term originalism without drawing distinctions between it and its close cousin textualism.

Getting Kavanaugh’s Originalism Wrong

Originalism so described seems uncontroversial on its face, but you wouldn’t get that impression from activists who have opposed Kavanaugh’s nomination. “Originalism conflicts sharply with American reality and American ideals,” writes Alan Brownstein, a retired law professor. He labels originalism “unamerican,” saying it accounts for the views of “only the people who were here in the 1780’s and 90’s or when specific constitutional amendments were adopted,” not for the views of the “vast new diversity of the American people today.”

This, I think, is wrong. Originalism properly understood is depolarizing, isolating judges from the political process rather than injecting them into it. The Constitution contemplates internal modifications, chiefly through the amendment process, which is, by design, difficult to facilitate. If originalism limits changes in law to those processes contemplated in the Constitution, as Brownstein alleges, then Brownstein has inadvertently labeled the Constitution “unamerican.” How can this founding document, which sets forth the basic framework of government for the United States, be “unamerican”?

Brownstein seems to imply that the amendment process, being slow and onerous, should not be the sole avenue for reform—that the courts ought to be a driver of progress when legislative solutions stall. The implication here is that the Constitution ought to be a “living” document that can be updated or improved through judicial correction and adaptation in cases. Judges should, accordingly, exercise quasi-legislative powers, promulgating binding rules and opinions to achieve justice or equality or to align with evolving standards of decency.

5 Reasons Everyone Wins with Originalism

Here’s why Brownstein is mistaken and why now more than ever a commitment to originalism would benefit both the left and the right.

First, originalism does not guarantee a particular political result. As Scalia, one of the original originalists, remarked, “If you’re going to be a good and faithful judge, you have to resign yourself to the fact that you’re not always going to like the conclusions you reach. If you like them all the time, you’re probably doing something wrong.” Scalia sometimes reasoned to conclusions that favored Democratic or liberal policies because the operative text so required.

Second, originalism fosters trust in democratic systems. Legislatures and the public need to know that newly enacted laws stand a chance to last as long as they comport with the Constitution. People lose confidence in their governing institutions if they believe the laws they passed can be easily tinkered with or discarded by unelected and hence unaccountable judges.

Third, although originalism may lead to harsh results in certain cases, it leaves it to the collective wisdom of the people, acting through their representatives, to alter the law to achieve fairness or justice. Concentrating revisionary lawmaking power in one judge or group of judges increases the probability that an uncommon or idiosyncratic conception of justice that does not represent the conception of the people will become binding over them.

Fourth, originalism makes the law clearer and more predictable, not subject to the unpredictable or arbitrary considerations of a judge or group of judges. When the law as written is applied, parties to a case and the general public can with reasonable sureness predict a range of possible outcomes. But if judges do not apply the law as written, the range of possible outcomes multiplies to the extent that the law itself becomes uncertain, and parties cannot rely on the law when they make everyday decisions. Vagueness in the law causes arbitrary exercises of governmental power. Clarity in the law restrains government actors from exercising powers in a manner that has not been formally approved by the legislature.

Finally, originalism ensures the independence of the judiciary. Kavanaugh has insisted that he is an independent judge. Democrats may dispute that claim, but they can’t dispute that originalism itself operates to secure judicial independence. Originalism is nonpartisan and does not consistently yield results that can be easily classified as conservative or liberal. Even jurists on the left have embraced originalism. Justice Kagan famously declared, “We are all originalists now.”

A week after politicos and activists celebrated the bipartisan spirit of Senator John McCain, the Kavanaugh hearings broke down into partisan pandemonium. Originalism should have been a unifying feature of the Kavanaugh hearings. It wasn’t. So here we are today, approaching the midterm elections in a country that’s as divided as ever. God help us.

Is Ocasio-Cortez Right About Rights?

In America, American History, Arts & Letters, Books, Christianity, Civics, Conservatism, History, Humanities, liberal arts, Liberalism, Philosophy, Politics, Western Civilization, Western Philosophy on August 29, 2018 at 8:45 am

This article originally appeared here in The Intercollegiate Review. 

Colin I. Bradford writes fawningly that Alexandria Ocasio-Cortez, a member of the Democratic Socialists of America, reaffirms “the centrality of the individual, individual rights, liberty, and freedom in which respect, trust, fairness and responsibility loom large.” He depicts Ocasio-Cortez as the embodied union of individualism and collectivism, someone who, in his words, “sees the individual as both a solitary being with certain inalienable rights and as a citizen and member of society.”

There’s much to unpack in Bradford’s frightfully grand statements, but let’s briefly consider some historical context for them.

“Modern Western ‘democracies,’” says John W. Danford, “are actually better described as liberal commercial societies. They rest on principles of individualism and individual rights—especially legal rights—which are more fundamental than democracy, and also much newer.”

Individual Rights Came from Christianity

The belief that humans by their nature possess “rights” against which governments may not transgress has not always been commonly held. Larry Siedentop’s Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism (2014) made the compelling case that natural rights theories are distinctively Christian in origin. He presents the ancient pagans as tribal and patriarchal, characterized by fierce loyalty to kin and clan and lacking conscientious differentiations between public and private life. (The operative differentiation was between public and domestic life.) Inequality was accepted as a given; the notion of rights was practically nonexistent. What mattered was the family unit: secure lineage, child bearing, and glorification of the paterfamilias as the powerful hero. Cities emerged from familial corporate associations around which property relations were structured according to class hierarchies.

Correlated with the rise and spread of Christianity in the West was the proliferation of the concept of the individual as a rights-bearing creature with inherent dignity, which any legal order properly so called must recognize and protect. The teachings of Jesus Christ and St. Paul redirected political thought away from the material, phenomenal world and toward the afterlife, eternity, and the soul. The message that grace through Christ was available to anyone, not just rulers or the highborn, underscored the autonomy of the individual, the self-aware subject. A Christian emphasis on personal moral agency and responsibility, moreover, undercut Greek and Roman aristocratic culture and its attendant traditions of ancestor worship.

Siedentop contends, therefore, that Christianity, not the Renaissance, was the fountain of individualism. If the Enlightenment was the height of philosophizing about the relationship of the individual to society, then it was also the natural outflow of earlier eras shaped by Christianity. This narrative runs counter to the portrayal of medieval Christianity as closed and authoritarian and of the Enlightenment as predominately secular. It illuminates Danford’s description of modern liberal societies as fundamentally committed to individual rights embedded in the law.

Mutual Submission, Similar Ethics

A distinguishing feature of Enlightenment thinking was social contract theory, which is particularly important to the Anglo-American legal tradition as manifest in Magna Carta (1215), the English Bill of Rights (1689), the Virginia Declaration of Rights (1776), the Declaration of Independence (1776), and the U.S. Bill of Rights (1789–91). These documents enshrine the principles of equality under the law, basic human dignity, rule of law, consent of the governed, popular sovereignty, and natural rights.

The most celebrated delineations of social contract theory belong to Hobbes, Locke, and Rousseau. A simplistically synthesized account of their three hypothetical origins of political society runs like this: humans once existed as free agents in an ungoverned state of nature and eventually banded together in protective social units to enforce claims to property and defend against outside threats; voluntarily entering into these social units required individuals to give up unfettered liberty by consenting to the authority of a superintending body—a government— that exercised only those powers to which the individuals in the society corporately assented, either expressly or impliedly.

The social contract for a mature, successful society involves a collection of individuals wise enough to appreciate the reciprocal advantage of mutual submission and similar enough in ethics and morals to prescribe the proper scope, limits, and structure of the approved ruling authority. The U.S. Constitution, in theory, represents a social contract: a pact between citizens and its rulers that restrains government, divides power, and sets competing interests against one another with offsetting effect.

U.S. Supreme Court “Expansions”

The U.S. Supreme Court, in cases regarding the Fourteenth Amendment, began in the twentieth century to evaluate claims of unremunerated, allegedly fundamental rights in light of the history of judicial safeguards. A purported right was deemed presumptively fundamental if it enjoyed an established tradition of formal recognition by Anglo-American courts. Under this interpretive scheme, when the Supreme Court determined that an alleged right was nonfundamental, the alleged right would not be incorporated (via the doctrine of substantive due process) to apply against the states. The Supreme Court, however, gradually recognized particular suspect rights within broader categories of long-established rights. The so-called right to privacy, for example, that had valid antecedents in the common law was repurposed to include phenomena unknown at the common law.

The tendency of the Supreme Court in the twentieth century to expand (and, in some cases, to limit) the scope of alleged rights reveals, I think, that a privileged group of robed lawyers are inadequately equipped to philosophize about rights. The validity of alleged rights accrues socially, from the bottom up, when they can be traced over time to long-standing, if not immemorial, usage, customs, mores, and traditions, and when their practical applications have been tested by successive generations. Certain rights are natural, that is, prior to government promulgation, but their intelligibility is deeply historical, rooted, contextual, situational, and embedded.

Rights or Privileges?

One could argue, and Siedentop suggests, that Christianity’s institutionalization of rights discourse created the conditions necessary for secularization, in effect that Christianity ushered in a culture that led to its gradual removal from civic society. Siedentop postulates, in other words, that the success of Christianity eventuated its demise in the Western public sphere. The story of rights discourse in U.S. Supreme Court decisions lends credence to this perspective, revealing that prevailing notions of rights have grown to encompass what were once merely privileges.

If institutions follow culture, however, then a constitution that contemplates individual rights is only as good as the people it controls: a populace without extensive virtue will weaken or decline regardless of its organizational governance and administrative framework. Christianity may not have promoted ideas that caused its erasure from our governing institutions; rather, the people of the United States may have drifted away from the Christian ideas that made those institutions effective and stable.

Bradford recognizes that “individualist values of liberty, property rights, freedom and sovereignty worked well in the 20th century as the foundations of competition, free markets, democracy and the nation state.” Yet he sees these concepts as inadequate today, lacking something he believes Ocasio-Cortez can supply, to wit, a form of collectivism that in his representation facilitates community and social harmony. He simply fails to see that the unique individualism that emerged out of Christianity generated the community and social harmony he now desires.

There is no individualism absent the recognition that every human life, anywhere and everywhere, is precious and important. It follows from that premise that no one may violate the rights of others who themselves have not violated another’s rights. This principle, extended to society writ large, creates the conditions necessary for community to flourish. Individualism in Christian societies aided the growth of cities, institutionalized the dignity of the human person as a bearer of rights, and challenged rather than empowered abusive government. Ocasio-Cortez should not hope to eradicate this kind of individualism, for it has accomplished more good for humanity than the socialism she purportedly embraces.

Review of Paul Finkelman’s “Supreme Injustice”

In America, American History, Arts & Letters, Book Reviews, Books, Dred Scott, Historicism, History, Humanities, Jurisprudence, Justice, Law, Laws of Slavery, liberal arts, Nineteenth-Century America, Politics, Scholarship, Southern History, The South, Writing on August 8, 2018 at 6:45 am

This review originally appeared here in the Los Angeles Review of Books.

Paul Finkelman is an anomaly: a historian with no law degree who’s held chairs or fellowships at numerous law schools, testified as an expert witness in high-profile cases, and filed amicus briefs with several courts. Federal appellate judges, including justices on the United States Supreme Court, have cited his work. Liberal arts professors anxious about the state and fate of their discipline might look to him to demonstrate the practical relevance of the humanities to everyday society.

Finkelman specializes in American legal history, slavery and the law, constitutional law, and race and the law. His new book, Supreme Injustice, tells the story of three United States Supreme Court Justices — John Marshall, Joseph Story, and Roger B. Taney — and their “slavery jurisprudence.” Each of these men, Finkelman argues, differed in background and methodology but shared the belief that antislavery agitation undermined the legal and political structures instituted by the Constitution. Had they aligned their operative principles with the ideals of liberty, equality, and justice enshrined in the Declaration of Independence, liberty rather than racism and oppression might have defined antebellum America.

Finkelman insists that the legacy of Marshall, Story, and Taney had enormous implications for the state of the nation, strengthening the institutions of slavery and embedding in the law a systemic hostility to fundamental freedom and basic justice. These are strong allegations, attributed to only three individuals. Yet the evidence adds up.

Start with Marshall, a perennially celebrated figure who, unlike many of his generation, in particular his occasional nemesis Thomas Jefferson, has escaped scrutiny on matters of race and slavery. Finkelman submits that scholarship on Marshall is “universally admiring” — an overstatement perhaps, but one that underscores the prevalence of the mythology Finkelman hopes to dispel.

Finkelman emphasizes Marshall’s “personal ties to slavery” and “considerable commitment to owning other human beings.” He combs through numerous records and presents ample data to establish that Marshall, a life member of the American Colonization Society, “actively participated in slavery on a very personal level.” Finkelman then turns to Marshall’s votes and opinions in cases, several of which challenged state laws and rulings that freed slaves. In fact, Marshall would go so far as to overturn the verdicts of white Southern jurors and the judgments of white Southern judges who, in freedom suits, sided with slaves and against masters.

Marshall could be an ardent nationalist attempting to effectuate the supremacy of federal law. One is therefore tempted to attribute his rulings against state laws in cases about slavery to his longstanding desire to centralize federal power. But that is only part of the story. Finkelman brings to light exceptions, including when Marshall selectively deferred to state law if doing so meant that slaves remained the property of their masters. Finkelman highlights these decisions to show that Marshall was hypocritical, compromising his otherwise plenary nationalism to ensure that contractual and property arrangements regarding slaves were protected by law.

Story was also a nationalist, having evolved from Jeffersonianism to anti-Jeffersonianism and eventually becoming Marshall’s jurisprudential adjunct. Unlike Marshall, however, Story could sound “like a full-blown abolitionist.” His opinion in United States v. La Jeune Eugenie (1822) was “an antislavery tour de force,” decrying slavery and the slave trade as “repugnant to the natural rights of man and the dictates of judges.”

Yet he prioritized radical nationalism over the rights of humans in bondage. In Prigg v. Pennsylvania (1842), writing for the Court, he deemed unconstitutional a state ban on the extradition of blacks out of Pennsylvania for purposes of slavery. Story jumped at the chance to pronounce the primacy of federal law over state law even if it meant employing the Supremacy Clause to validate the Fugitive Slave Act of 1793. “A justice who had once thought slavery was deeply immoral,” Finkelman bemoans,

rewrote history, misstated precedents, and made up new constitutional doctrine to nationalize southern slave law and impose it on the entire nation. The decision jeopardized the liberty of every black in the North, whether free or fugitive. The injustice of this opinion was profound.

Author of the notorious Dred Scott opinion, Taney is the most predictable of Finkelman’s targets. By the end of the Civil War, he was vehemently denounced and widely despised. Progressives in the early 20th century, most notably Felix Frankfurter, rehabilitated his reputation in part because progressive economic policy during that era promoted Taney’s approach to states’ rights and political decentralization. The mood has changed; most historians now probably agree that Taney “aggressively protected slavery” and “made war on free blacks.” Few law professors would recall Taney’s “early ambivalence about slavery and his defense of the Reverend Jacob Gruber,” who was arrested for sermonizing against slavery at a Methodist camp meeting and subsequently charged with inciting slave rebellion. Finkelman’s chapter on Taney thus runs with the grain, not against it.

At times Finkelman exaggerates or wishfully portrays the role of judges. He asserts that, prior to the Civil War, courts rather than Congress or the executive had “room for protecting the liberty of free blacks, liberating some slaves, providing due process for alleged fugitive slaves, enforcing the federal suppression of the African slave trade, or preventing slavery from being established in federal territories.” This claim may hold up in some of the cases Finkelman discusses (e.g., LaGrange v. Choteau [1830], in which Marshall declined the opportunity to enforce federal law that could have freed a slave who had traveled into free territory), but not in all of them. If a judge were faced with a problem of statutory construction, he (there were only male judges then) could have asked what the language of the statute meant, how it applied to the concrete facts and material rules before him, and whether it was constitutional, but anything more would have arguably exceeded the scope of his office.

The Constitution was silent about slavery until the Civil War Amendments, also known as the Reconstruction Amendments. Prior to them, any attempt to render slavery unconstitutional would have required appeals to natural law, natural rights, or other like doctrines that appear in the Constitution only in spirit, not in letter. The abolitionist William Lloyd Garrison believed the Constitution was affirmatively proslavery, calling it a “covenant with death” and “an agreement with Hell.” If this is true, then when judges swear an oath to defend the Constitution (the basic framework of government with which all other laws in the United States must comport), they are also inadvertently vowing to defend the institution of slavery — unless the law is more than what statutes and the Constitution provide, in which case these judges could reach beyond the positive law to principles pre-political and universal.

Finkelman suggests another alternative: that certain constitutional provisions supplied a basis in positive law for antislavery strategies and stratagem. He cites, among other things, the congressional powers exercised in the reenactment of the Northwest Ordinance and the enactment of the Missouri Compromise and Oregon Territory; the admission of new free states into the United States; the due process guarantees of the Fifth Amendment; the rights of criminal defendants protected by the Sixth Amendment; the Privileges and Immunities Clause; and the guarantees of the First Amendment.

Each of these would have been problematic during the period Finkelman covers. There was not yet a 14th Amendment through which provisions of the Bill of Rights could have been incorporated to apply against the several states, although state constitutions contained protections of fundamental rights that federal judges recognized and affirmed. Moreover, the provisions Finkelman enumerates empowered Congress, not the courts, to pursue robust antislavery measures. Courts could have responded to and interpreted actions and directives of Congress, but they could not have initiated legislation or litigation. Had the Constitution enabled federal judges and the United States Supreme Court to strike down proslavery laws and regulations with ease, the Civil War Amendments might not have been necessary. But they were necessary to facilitate the demise of slavery.

Finkelman speculates about what the courts could have done to advance antislavery causes, but courts cannot do anything unless the right litigants bring the right cases with the right facts before the right tribunals while making the right arguments. Judges do not commence lawsuits but handle the ones brought before them. Finkelman could have examined some cases more closely to reveal how the facts, issues, reasoning, and holdings should have differed in rationale, not just in result. Too many cases receive only cursory treatment; lawsuits are more than picking winners and losers.

At one point, Finkelman accuses Marshall of reading a statute “in favor of slavery and not freedom,” but the statute isn’t quoted. Readers will have to look up the case to decide if Marshall’s interpretation was reasonable or arbitrary — if, that is, his hermeneutics adequately reflected a common understanding of the statutory language or intolerably controverted congressional purpose and prerogative. Finkelman chides departures from precedent, but rarely analyzes the allegedly controlling cases to verify that they are, in fact, dispositive of the later controversy by analogy of received rules.

One is regularly left with the impression that the only issue in the cases Finkelman evaluates was whether a slave should be free or not. Many of the cases, however, involved procedural and jurisdictional complexities that had to be resolved before grand political holdings implicating the entire institution of slavery could be reached. We’re still debating the ambiguities of federalism (e.g., how to square the Supremacy Clause with the Ninth and 10th Amendments) that complicate any exposition of the interplay between state and federal law, so it can seem anachronistic and quixotic to condemn Marshall, Story, or Taney for not untangling state and federal law in a manner that in retrospect would appear to have occasioned more freedom and less bondage.

Then again, it’s hard to fault Finkelman for subjecting these giants of the law to such high standards. That men like Marshall and Story have not been investigated as their contemporaries have in light of the horrors and effects of slavery speaks volumes about the willful blindness of the legal profession and the deficiencies of legal scholarship. Finkelman remains an important voice in legal education and has pushed scholarly conversations about slavery in new directions. At 68, he’s likely got more books left in him. Anxious readers await the next.

Richard Bulliet on Transformations in Europe, 1500-1750

In Academia, Arts & Letters, History, Humanities, liberal arts, Pedagogy, Philosophy, Politics, Teaching, Western Civilization on July 18, 2018 at 6:45 am

In the following lecture, Professor Richard Bulliet discusses transformations in Europe during the period of 1500 – 1750:

What Is Federalism?

In Jurisprudence, Law, Philosophy, Politics on May 16, 2018 at 6:45 am

Federalism refers to the organization of several divided polities that share and compete for power under the jurisdiction of a central government that derives its authority from a binding contract or constitution to which the polities have submitted or otherwise consented either expressly or impliedly.

The goal and effect of federalism is to disperse, diffuse, and decentralize power among competing units of government, mediate conflicts that arise between diverse groups and interests within different polities, and integrate cultural and normative variety into the governing institutions that hold different polities together in political union.

Licensing Away Economic Prosperity

In Economics, Law, Libertarianism, Politics on March 21, 2018 at 6:45 am

This article originally appeared here in the Alabama Political Reporter. 

Do you want to alleviate poverty in Alabama? Do you want to curb the power of special interest groups over government agencies? Do you want more affordable goods and services in basic industries?  Do you want to help disadvantaged groups find good jobs and become productive citizens? Do you want to reduce the population of our overcrowded prisons?

If you answered yes to any of these questions, you should read a new reportpublished by the Alabama Policy Institute titled “The Costs of Occupational Licensing in Alabama.” Coauthored by Daniel Smith (Troy University), Courtney Michaluk (Troy University), David Hall (Troy University), and Alex Kanode (George Mason University), the report details the effects of occupational licensure on our state.

What is occupational licensure? In short, it’s governmental regulation requiring people to obtain a license before entering into certain trades or fields. Sounds harmless, right? Aren’t these regulations in place to protect consumers from exploitation and inexpert practices? Such reasoning led to the rise in occupational licensure, which today extends to several zones of economic activity.

However well-meaning, occupational licensure has had unintended consequences on the people it’s designed to protect. Instead of helping average consumers, it lines the pockets of industries that have lobbied to regulate away entrepreneurial forces that drive down costs.

If you’re poor and trying to find low-skilled work as a barber, manicurist, eyebrow threader, hair stylist, school bus driver, or shampoo assistant, you must obtain a license first. This license may be prohibitively expensive because of renewal fees, coursework, continuing education, and so forth.

“Alabama licenses a total of 151 occupations,” according to the report, “covering over 432,000 Alabama workers, which represents over 21 percent of the labor force.” Think about that: more than two of every 10 people working in Alabama need a license to do what they do for a living. Licensing boards governing admission standards and prerequisites can mandate expensive training and dues that don’t affect the quality of industry services.

Economists refer to occupational licensure as a barrier to entry. Barriers to entry ensure that those already within a profession or trade can raise prices to artificially high levels, in effect squeezing out competition by using the mechanisms of government to control the market.

Inflated prices harm low-income families who cannot afford to buy what they could have bought if the market had set prices based on natural supply and demand. Spouses of military service members often suffer from occupational licensure because, when they move from state to state, they must jump through hoops to enter the licensed profession in which they practiced in other jurisdictions.

Occupational licensure is, in short, a net burden on the economy, escalating prices, limiting consumer choice, and restricting economic mobility.  The API report estimates that the overall costs of occupational licensure in Alabama exceed $122 million. That’s a lot of money. What can be done to keep some of it in the hands of the ordinary people who need it most?

The report proposes five reforms for Alabama policymakers:

  1. “[T]hey can reform current procedures for extending occupational licensing to new occupations and mandate thorough review processes to ensure that licensing is not extended to new occupations without a demonstrable and severe threat to consumer safety that cannot be overcome with the market mechanisms, such as consumer or expert reviews, reputation, guarantees, or private certification, or the already existing government laws, such as those dealing with liability, fraud, misrepresentation, and false advertising.”
  2. “[T]hey can establish procedures to systematically review all licensure requirements for currently licensed occupations to ensure that they do not require unnecessary or excessive requirements or costs for licensure.
  3. “[T]hey can systematically review all currently licensed occupations to determine, individually, whether a demonstrable severe threat to consumer safety exists. If not, they can remove occupation licensing entirely for those occupations.”
  4. “[They] can explore licensure reforms that specifically target ex-offenders” to reduce the prison population and criminal recidivism.
  5. “[They] can … explore occupational licensing reform with military members and their families in mind.”

A short article cannot capture the nuance and particulars of the entire report; readers should view the report for themselves to make up their own minds.

During this time of partisan divide and political rancor, people of good faith on both the left and the right can agree that something needs to be done about occupational licensure. The problem cannot continue to grow. It presents a unique opportunity for Republican and Democratic lawmakers to come together to ease economic burdens on the people of Alabama. Let’s hope they seize it.

%d bloggers like this: