See Disclaimer Below.

Archive for the ‘Economics’ Category

Michael Anton vs. Samuel Gregg

In America, Civics, Conservatism, Economics, History, Humanities, Law, Philosophy, Politics, Western Civilization, Western Philosophy on July 17, 2019 at 6:45 am
Advertisements

Interview with the James G. Martin Center regarding English Departments, Higher Education, Marxism, and Legal Education

In Arts & Letters, Economics, higher education, History, Humane Economy, Humanities, Law, Law School, Legal Education & Pedagogy, liberal arts, Literary Theory & Criticism, Literature, Pedagogy, Philosophy, Scholarship, Western Philosophy on March 13, 2019 at 6:45 am

La defensa de Hayek de las comunidades descentralizadas

In Arts & Letters, Christianity, Conservatism, Economics, Essays, Humane Economy, Humanities, Jurisprudence, Law, liberal arts, Libertarianism, Philosophy, Politics, Religion, Scholarship, Southern History, Southern Literature, The South, Transnational Law, Western Philosophy on January 30, 2019 at 6:45 am

Originally published (and translated into Spanish) here at Mises Wire.

Mi charla de hoy trata sobre descentralización y epistemología. Para comenzar, deseo rechazar cualquier experiencia especializada en este tema. Soy un abogado de formación que ama la literatura y obtuvo un doctorado en inglés. Sería una exageración llamarme un filósofo o un teórico político, por lo tanto, esta declaración de responsabilidad de anclaje me impide navegar en los mares filosóficos.

He dividido mi argumento, tal como es, en dos partes: lo impersonal y lo personal. El primero es un caso filosófico de descentralización; el último involucra consideraciones privadas sobre relaciones humanas íntimas en torno a las cuales las comunidades de propósito común se organizan y conducen. Al final, los dos enfoques se refuerzan mutuamente y producen, espero, consideraciones benévolas y humanas. Sin embargo, presentarlos como señales separadas a diferentes audiencias cuya tolerancia a la apelación de los sentimientos puede variar.

Lo impersonal

El argumento impersonal se reduce a esto: los sistemas descentralizados de orden son más eficientes y, por lo tanto, más deseables, porque explican y responden mejor al conocimiento disperso en diversas comunidades con costumbres, ambiciones y valores únicos. Los sistemas de abajo hacia arriba, heterogéneos y gobernados por instituciones locales que reflejan el conocimiento, el talento y las opciones nativas sirven a la humanidad con mayor eficacia que los sistemas de arriba a abajo centralizados que no responden a las normas y costumbres locales.

La ley policéntrica, o policentrismo, es el término que uso para describir este arreglo organizativo. Otros nombres que se sugieren no expresan el dinamismo del policentrismo. El federalismo, por ejemplo, confunde debido a su asociación con los primeros federalistas estadounidenses. Además, presupone, incluso en su articulación por parte de los antifederalistas inadecuadamente denominados, una autoridad central demasiado fuerte, en mi opinión, debajo de la cual las autoridades locales sostienen que son subordinados iguales. El localismo, por su parte, sufre de asociaciones con políticas económicas proteccionistas y anticompetitivas. Otros nombres, como confederación, ciudad-estado o anarcocapitalismo, también tienen sus inconvenientes.

Así que me quedo con el policentrismo como la etiqueta operativa para el sistema de trabajo de las autoridades pequeñas y plurales que busco describir. El principal valor de este sistema es su propensión a moderar y verificar la ambición natural y el orgullo que lleva a los humanos no solo a las aspiraciones de poder y grandeza, sino también a las instituciones coercitivas y las maquinaciones que inhiben la organización voluntaria de los individuos en torno a normas y costumbres compartidas. Un orden policéntrico óptimo consiste en múltiples jurisdicciones en competencia de escala humana y razonable, cada una con sus propios poderes divididos que impiden la consolidación de la autoridad en la forma de un gobernante o tirano supremo (o, más probablemente en nuestra época, de un directivo, administrativo, y burocrático Estado) y cada uno con un documento escrito que describe las reglas e instituciones que rigen al mismo tiempo que afirma un compromiso central con objetivos comunes y una misión orientadora. Sin embargo, hablar de un orden policéntrico óptimo es problemático, porque los órdenes policéntricos permiten que distintas comunidades seleccionen y definan por sí mismas el conjunto operativo de reglas e instituciones que cumplen con sus principales ideales y principios favorecidos.

La teoría de precios de F.A. Hayek proporciona un punto de partida útil para analizar los beneficios de los modos de ordenamiento humano descentralizados y de abajo hacia arriba que representan el policentrismo. Esta teoría sostiene que el conocimiento está disperso en toda la sociedad e incapaz de ser comprendido por una sola persona o grupo de personas; por lo tanto, la planificación económica centralizada fracasa inevitablemente porque no puede evaluar o calcular con precisión las necesidades sentidas y las actividades coordinadas de personas lejanas en comunidades dispares; solo en una economía de mercado donde los consumidores compran y venden libremente de acuerdo con sus preferencias únicas, los precios confiables se revelarán gradualmente.

La teoría del conocimiento de Hayek se basa en la falibilidad y las limitaciones de la inteligencia humana. Debido a que la complejidad del comportamiento y la interacción humana excede la capacidad de una mente o grupo de mentes para comprenderla por completo, la coordinación humana requiere deferencia a órdenes emergentes o espontáneas, arraigadas en la costumbre, que se adaptan a las necesidades y preferencias dinámicas y en evolución de los consumidores cotidianos. La articulación de la teoría de los precios de Hayek contempla la sabiduría colectiva y agregada, es decir, el conocimiento incorpóreo o incorporado, y advierte contra los grandes diseños basados ​​en la supuesta experiencia de una clase selecta de personas.

Michael Polanyi, otro político y un ardiente antimarxista, expuso teorías relacionadas sobre el policentrismo, el orden espontáneo, la planificación central y el conocimiento, pero se centró menos en la teoría económica y más en el descubrimiento científico, la investigación independiente y el intercambio libre y sistemático de investigación e ideas. Desde su punto de vista, el avance científico no procedió a medida que avanza la construcción de una casa, es decir, de acuerdo con un plan o diseño fijo, sino mediante un proceso análogo a, en sus palabras, “la disposición ordenada de las células vivas que constituyen un organismo pluricelular.” 1 “A lo largo del proceso de desarrollo embrionario”, explicó, “cada célula persigue su propia vida, y sin embargo cada una ajusta su crecimiento al de sus vecinos para que emerja una estructura armoniosa del agregado.”2 “Esto”, concluyó, “es exactamente cómo cooperan los científicos: ajustando continuamente su línea de investigación a los resultados alcanzados hasta la fecha por sus colegas científicos”.3

Polanyi trabajó para demostrar que “la planificación central de la producción” era “estrictamente imposible”4 y que “las operaciones de un sistema de orden espontáneo en la sociedad, como el orden competitivo de un mercado, no pueden ser reemplazadas por el establecimiento de una agencia de pedidos deliberada.”5 Describió las ineficiencias de las estructuras organizativas puramente jerárquicas dentro de las cuales la información se eleva desde la base, mediada sucesivamente por niveles posteriores de autoridad más altos, llegando finalmente a la cima de una pirámide, a una autoridad suprema, que luego centraliza dirige todo el sistema, comandando las órdenes hacia la base. Este proceso complejo, además de ser ineficiente, es susceptible de desinformación, y de una falta de conocimiento confiable en el terreno de las circunstancias relevantes.

Si bien Polanyi señala casos mundanos de ordenación espontánea, como pasajeros en estaciones de tren, sin dirección central, parados en plataformas y ocupando asientos en los trenes, 6 también examina formas más complejas de adaptación de comportamiento a las interacciones interpersonales que, a lo largo del tiempo y a través de la repetición, emerge como hábitos y reglas entendidos tácitamente que ganan aceptación por parte del cuerpo corporativo más grande.

La centralización concentra el poder en menos personas en espacios más pequeños, mientras que la descentralización divide y distribuye el poder entre vastas redes de personas en espacios más amplios. Bajo el gobierno centralizado, las personas buenas que disfrutan del poder pueden, en teoría, lograr rápidamente el bien, pero las personas malvadas que disfrutan del poder pueden lograr rápidamente el mal. Debido a los peligros inherentes y apócrifos de esta última posibilidad, el gobierno centralizado no debe ser preferido. Nuestras tendencias como humanos son catastróficas, afirmándose a sí mismas en los comportamientos pecaminosos que ambos elegimos y no podemos ayudar. Hay, además, en un rango considerable de asuntos, desacuerdos sobre lo que constituye lo malo y lo bueno, lo malo y lo virtuoso. Si las preguntas sobre la maldad o la bondad, el mal y la virtuosidad se resuelven de forma simple o apresurada en favor del poder central, las comunidades resistentes (amenazadas, marginadas, silenciadas y coaccionadas) ejercerán finalmente su agencia política, movilizándose en alianzas insurreccionales para socavar la central. poder. Por lo tanto, el poder centralizado aumenta la probabilidad de violencia a gran escala, mientras que el gobierno descentralizado reduce los conflictos a niveles locales donde tienden a ser menores y compensadores.

Las órdenes policéntricas producen comunidades auto-constituidas que se regulan a través de las instituciones mediadoras que han erigido voluntariamente para alinearse con sus valores, tradiciones y prioridades. Su alcance y escala prácticos les permiten gobernarse a sí mismos de acuerdo con reglas vinculantes que generalmente son aceptables para la mayoría dentro de su jurisdicción.

Un hombre solo en el desierto es vulnerable a las amenazas. Sin embargo, cuando entra en la sociedad, se combina con otros que, con intereses comunes, se sirven y protegen mutuamente de amenazas externas. Si la sociedad crece y se materializa en vastos estados o gobiernos, las personas que viven en ella pierden su sentido de propósito común, su deseo de unirse para el beneficio y la protección mutuos. Surgen facciones y clases, cada una compitiendo por el poder. Las personas en las que supuestamente reside la soberanía del poder central pueden perder su poder y ser marginadas a medida que prolifera la red de funcionarios burocráticos. Las personas son desplazadas por armas y agencias del poder central. Aunque no se puede lograr progreso sin una competencia constructiva entre los grupos rivales, las sociedades no pueden prosperar cuando sus habitantes no comparten un sentido fundamental de identidad y propósito común.

El poder centralizado a primera vista puede parecer más eficiente porque su proceso de toma de decisiones no es complejo, ya que consiste en comandos de arriba hacia abajo para subordinados. Teóricamente, y solo teóricamente, la máxima eficiencia se podría lograr si todo el poder fuera poseído por una sola persona. Pero, por supuesto, en realidad, ninguna persona puede proteger su poder de amenazas externas o insubordinación interna. De hecho, la concentración de poder en una persona invita al disenso y la insurrección. Después de todo, es más fácil derrocar a una persona que derrocar a muchas. Por lo tanto, en la práctica, el poder centralizado requiere la autoridad suprema para construir burocracias de agentes y funcionarios de manera leal y diligente para instituir su directiva de arriba hacia abajo

Pero, ¿cómo genera el poder central un sentido de lealtad y deber entre estos subordinados? A través del patrocinio y los favores políticos, las pensiones, la búsqueda de rentas, el tráfico de influencias, las inmunidades, el compañerismo, el injerto, en definitiva, fortaleciendo el impulso humano para el auto-engrandecimiento, elevando a personas y grupos seleccionados a posiciones privilegiadas a expensas extraordinarias para personas o consumidores comunes. En consecuencia, la centralización como una forma de organización humana incentiva la corrupción, la mala conducta y la deshonestidad mientras se construyen redes complicadas de funcionarios costosos a través de los cuales se media y se distorsiona la información. El resultado es una corrupción generalizada, malentendidos e ineficiencia.

Incluso asumiendo arguendo de que la autoridad concentrada es más eficiente, facilitaría la capacidad de llevar a cabo el mal, así como el bien. Los supuestos beneficios del poder consolidado presuponen una autoridad suprema benevolente con un amplio conocimiento de las circunstancias nativas. Los posibles beneficios que se puedan obtener a través de una toma de decisiones hipotéticamente rápida se ven compensados ​​por los daños potenciales resultantes de la implementación de la decisión como ley vinculante. El conocimiento limitado y falible en el que se basa la decisión amplifica el daño resultante más allá de lo que podría haber sido en un sistema descentralizado que localiza el poder y por lo tanto disminuye la capacidad de las personas malas para causar daño.

Por lo tanto, la eficiencia, en su caso, de las órdenes de mando y la política de establecimiento de un modelo de arriba hacia abajo se neutraliza por las ineficiencias resultantes y las consecuencias perjudiciales que podrían haberse evitado si los planificadores centrales no hubieran presupuesto el conocimiento de las circunstancias locales. En ausencia de una autoridad de compensación, cualquier poder centralizado puede, sin justa causa, coaccionar y molestar a hombres y mujeres pacíficos en contravención de sus distintas leyes y costumbres. Naturalmente, estos hombres y mujeres, combinados como comunidades resistentes, disputarán una tiranía injustificada e indeseada que amenaza su forma de vida y la comprensión de la comunidad. La perturbación de la armonía social y la reacción violenta contra la coerción injustificada hacen ineficientes las operaciones supuestamente eficientes del poder central.

Después de una larga consideración, se hace evidente que, después de todo, los modos centralizados de poder no son más eficientes, que de hecho son contrarios a la libertad y la virtud en comparación con sus alternativas descentralizadas. Pero esa no es la única razón por la cual el modelo descentralizado es superior.

El personal

No disfrutas del buen vino simplemente hablando y pensando en él, sino bebiéndolo, olfateando sus aromas, girándolo en tu vaso, mojando tu lengua y cubriendo tu boca con él. Una verdadera apreciación del vino es experiencial, basada en el placer repetido de probar y consumir diferentes variedades de uva con sus componentes de sabor distintivo. La mayoría de las personas desarrollan sus amores y prioridades de esta manera. No aman las abstracciones, pero aman a sus vecinos, familias y amigos. Priorizan los temas que les son cercanos y diarios. Lo han hecho desde muy temprana edad. “Es dentro de las familias y otros arreglos institucionales característicos de la vida del vecindario, la aldea y la comunidad que la ciudadanía se aprende y se practica para la mayoría de las personas la mayor parte del tiempo”, dijo Vincent 7Ostrom. “El primer orden de prioridad en el aprendizaje del oficio de ciudadanía aplicado a los asuntos públicos”, agregó, “debe enfocarse en cómo hacer frente a los problemas en el contexto de la familia, el vecindario, la aldea y la comunidad. Aquí es donde las personas adquieren los rudimentos para autogobernarse, aprendiendo cómo vivir y trabajar con los demás”.8

Aprendí a aceptar la derrota, no de las campañas electorales nacionales, las guerras en el extranjero o los bancos demasiado grandes para quebrar que fracasaron, sino del béisbol de ligas menores, cuando mi equipo de tercer grado, los Cardenales, perdió en las semifinales, y cuando mi equipo de baloncesto de primer año perdió en la final. Todavía sueño con ese campeonato de baloncesto. Mi entrenador me había puesto en el juego con el único propósito de disparar triples, mi especialidad, pero la defensa me hizo un doble equipo. No pude conseguir un disparo claro. Cada vez que pasaba el balón, mi entrenador gritaba “no” y me ordenaba que disparara. A principios de la temporada, antes de que supiera mi habilidad detrás de la línea de tres puntos, gritó “no” cada vez que tomaba un tiro.

Aprendí sobre la injusticia cuando mi maestra de primer grado me castigó de una manera desproporcionada con mi presunta ofensa, que hasta el día de hoy niego haber cometido, y sobre la gracia y la misericordia cuando mi madre me perdonó, sin siquiera un azote. Por una ofensa que había cometido definitivamente.

Aprendí sobre Dios y la fe mientras desayunaba en la mesa de la cocina de mi abuela. Ella mantuvo una Biblia sobre la mesa al lado de una estantería llena de textos sobre temas y enseñanzas cristianas. En el centro de la mesa había un pequeño frasco de versículos de la Biblia. Recuerdo que metí la mano en el frasco y saqué versos, uno tras otro, fin de semana tras fin de semana, leyéndolos y luego discutiendo con ella cuál podría ser su significado. Este modo de aprendizaje fue íntimo, práctico y me preparó para experimentar a Dios por mí mismo, para estudiar Su palabra y descubrir mis creencias acerca de Él cuando más tarde me retiré a lugares de soledad para contemplar en silencio. Estas experiencias significaron mucho más para mí que las palabras de cualquier televangelista lejano.

Cada vez que me quedaba en la casa de mis abuelos, mi abuelo se despertaba temprano y encendía la cafetera. Mi hermano y yo, al escucharlo abajo, corríamos a su lado. Compartió secciones del periódico con nosotros y nos permitió tomar café con él. Nos hizo sentir como adultos responsables, dos niños pequeños con el periódico y el café en la mano, reflexionando sobre los acontecimientos actuales y emitiendo juicios sobre las últimas tendencias y escándalos políticos. Esta educación indispensable no provino de la difusión pública o de algún proyecto costoso de alfabetización cívica orquestado por la Fundación Nacional para las Artes o la Fundación Nacional para las Humanidades. Venía de la familia, en espacios familiares, en el calor de un hogar amoroso.

La señora Stubbs me enseñó modales y decoro en el cotillón, aunque nunca logró enseñarme a bailar. Aprendí la etiqueta en el campo de golf donde pasé los veranos de mi infancia jugando con grupos de hombres adultos, compitiendo con ellos mientras aprendía a hacer preguntas sobre sus carreras y profesiones, guardando silencio mientras giraban o ponían, no andando en sus líneas, sosteniendo el flagstick para ellos, otorgándoles honores en el tee cuando obtuvieron la puntuación más baja en el hoyo anterior, rastrillando los bunkers, caminando con cuidado para evitar dejar marcas de picos en los greens, reparando las marcas de mis bolas, etc.

Me enteré de la muerte cuando una niña con la que viajé a la iglesia falleció de cáncer. Tenía solo cuatro o cinco años cuando murió. Luego vino la muerte de mi bisabuela, luego mi bisabuelo, luego mi abuelo, y así sucesivamente, lo que hasta el día de hoy se me acerca. En el Sur aún abrimos nuestros ataúdes para mostrar cadáveres y recordarnos la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Este ritual solemne nos mantiene conscientes de nuestro propósito en la vida, nos acerca a nuestros amigos y familiares y nos asegura que contemplamos las preguntas más graves y más importantes.

Mis dos abuelos significaban el mundo para mí. Ambos llevaban trajes y corbatas para trabajar todos los días. Se vistieron profesionalmente y con responsabilidad para cada ocasión. Los copié a temprana edad. En la escuela secundaria, mientras los otros niños se entregaban a las últimas modas y modas, usaba camisas abotonadas metidas cuidadosamente en los pantalones. Pensé que no obtendría puntos con mis compañeros disfrazándome para la clase, pero en poco tiempo muchos de mis amigos adoptaron la práctica cuando empezamos a pensar en nosotros mismos como hombres pequeños en busca de una educación. Debido a que éramos atletas, nuestra ropa no solo fue tolerada sino que finalmente se imitó. Cuando los otros equipos de baloncesto se presentaron en nuestro gimnasio, los conocimos con abrigo y corbata mientras llevaban camisetas demasiado grandes y pantalones sueltos que se hundían debajo de las puntas traseras. Nuestro equipo podría haberlos asustado por nuestro atuendo formal. Pero los sorprendimos aún más después de que nos trasladamos al vestuario, nos pusimos nuestras camisetas, irrumpimos en la cancha y luego los derrotábamos.

Podría seguir. El punto es que la experiencia sentida define quiénes somos y da forma a cómo nos comportamos. Como señaló el juez Holmes, “Lo que más amamos y veneramos en general está determinado por las primeras asociaciones. Me encantan las rocas de granito y los arbustos de agracejo, sin duda porque con ellos estuvieron mis primeros gozos que se remontan a la eternidad pasada de mi vida”.9 Lo que dice a continuación es más importante:

Pero mientras que la experiencia de uno hace que ciertas preferencias sean dogmáticas para uno mismo, el reconocimiento de cómo llegaron a ser así deja a uno capaz de ver que otros, las almas pobres, pueden ser igualmente dogmáticos respecto de otra cosa. Y esto de nuevo significa escepticismo. No es que la creencia o el amor de uno no permanezca. No es que no lucharíamos y moriríamos por ello si fuera importante; todos, lo sepamos o no, estamos luchando para crear el tipo de mundo que nos debería gustar, sino que hemos aprendido a reconocer que los demás lucharán y morirán. Para hacer un mundo diferente, con igual sinceridad o creencia. Las preferencias profundamente arraigadas no se pueden discutir (no se puede argumentar que a un hombre le guste un vaso de cerveza) y, por lo tanto, cuando las diferencias son lo suficientemente amplias, tratamos de matar al otro hombre en lugar de dejar que se salga con la suya. Pero eso es perfectamente consistente con admitir que, por lo que parece, sus argumentos son tan buenos como los 10nuestros.

Tomo estas palabras como precaución, como un claro recordatorio del horroroso potencial de la violencia inherente al intento de un grupo de personas formado por ciertas asociaciones para imponer por la fuerza sus normas y prácticas a otro grupo de personas formadas por asociaciones diferentes. La virtud distintiva de la policentrismo es dar cabida a estas diferencias y minimizar las posibilidades de violencia al difundir y dispersar el poder.

Conclusión

El orden policéntrico que defiendo no es utópico; es concreto y práctico, y está ejemplificado por las instituciones mediadoras y las autoridades subsidiarias, tales como iglesias, sinagogas, clubes, ligas pequeñas, asociaciones comunitarias, escuelas y membrecías profesionales a través de las cuales nos expresamos, políticamente o de otra manera, y con cuyas reglas voluntariamente aceptamos.

Cuando encendemos nuestros televisores por la noche, somos muchos de nosotros de esta parte del país, perturbados por el aumento de la conducta lasciva, la retórica divisiva, el comportamiento malicioso y la decadencia institucionalizada que son contrarias a nuestras normas locales pero sistémicamente y fuertemente forzado sobre nosotros por poderes extranjeros o externos. Apagar la televisión en protesta parece ser nuestro único modo de resistencia, nuestra única manera de disentir. Disgustados por la creciente evidencia de que nuestros políticos han reunido el aparato del poderoso gobierno federal para alcanzar la fama y la gloria personal, muchos de nosotros nos sentimos explotados y sin poder. Sin embargo, frente a las burocracias estatales masivas, las grandes corporaciones, los medios parciales, los periodistas tendenciosos y los militares al mando, ejercemos nuestra agencia, brindando alegría y esperanza a nuestras familias, amigos y vecinos, atendiendo a circunstancias concretas que están bajo nuestro control directo. La promesa de comunidad nos revitaliza y refresca.

Recientemente paseé por Copenhague, Dinamarca, un brillante domingo por la mañana. Aunque las campanas de la iglesia sonaban por las calles, haciendo eco en los edificios y las aceras de adoquines, silenciando las conversaciones y sobresaltando a algunas palomas, las iglesias permanecieron vacías. No vi adoradores ni servicios de adoración. Algunas de las iglesias habían sido reutilizadas como cafés y restaurantes con camareros y camareras pero no pastores ni sacerdotes; los clientes bebían su vino y comían su pan en mesas pequeñas, pero no había rituales de comunión ni sacramentos.

Un mes después, también un domingo, volé a Montgomery, Alabama, desde Dallas, Texas. A medida que el avión descendía lentamente bajo las nubes, las pequeñas figuras de casas de muñecas y los edificios modelo debajo de mí cobraron vida, convirtiéndose en personas y estructuras reales. Contemplé las docenas de iglesias que salpicaban el paisaje plano y ensanchado, que crecía cada vez más a medida que nos acercábamos al aeropuerto. Y observé, sentado allí, el stock todavía impulsado a través del espacio, que los estacionamientos de cada iglesia estaban llenos de autos, que había, a esta hora temprana, cientos, si no miles, de mi gente allí antes que yo, adorando al mismo Dios. Adoré, el mismo Dios que mis padres y abuelos y sus padres y abuelos habían adorado; Y sentí, en ese momento, profunda y profundamente, por primera vez en años, un sentimiento raro pero inconfundible: esperanza no solo para mi comunidad, sino también para la comunidad.

  • 1.Michael Polanyi, La lógica de la libertad: Reflexiones y réplicas (Indianapolis Liberty Fund, 1998) (1951), pág. 109.
  • 2.Ibid.
  • 3.Ibid.
  • 4.Ibid en 136.
  • 5.Ibid en 137.
  • 6.Ibid. a los 141 años.
  • 7.Vincent Ostrom, The Meaning of Democracy and the Vulnerability of Democracies (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1997), pág. X.
  • 8.Ibid.
  • 9.Oliver Wendell Holmes Jr. “Natural Law”. Harvard Law Review, vol. 32 (1918-19), p. 41.
  • 10.Holmes a los 41.

Review of Bryan Caplan’s “The Case Against Education”

In Academia, Economics, Humanities, Scholarship on July 11, 2018 at 6:45 am

This review originally appeared here in Cato Journal.

Bryan Caplan is a professor of economics at George Mason University who has spent over 40 years in school. “The system has been good to me,” he confesses. “Very good. I have a dream job for life.”

He’s also a shameless traitor to his profession and guild, a critic of the system that’s afforded him a life of leisure and affluence. That’s a good thing. We need more honest critiques of the higher-education boondoggle from privileged insiders. As an economist, moreover, he argues from data and facts, not feelings or emotions. He’ll undermine his own best interests if statistics lead him inexorably to positions at odds with his personal welfare.

The Case Against Education: Why the Education System Is a Waste of Time and Money hits bookshelves amid reductions in government spending on universities due to budget shortfalls in the aftermath of the Great Recession. The chorus of complaints runs something like this: “Legislators don’t realize what goes on in the university; they don’t understand what it takes to teach and research; they don’t know what I do to earn my pay; they don’t appreciate how important education is to our state; they can’t competently assess my everyday work.”

But Caplan understands these things, having spent his entire career as a student or a professor at major research institutions. The argument against educational excess is more credible coming from an academic, like him, who’s complicit in its harms.

Caplan’s chosen title (with subtitle) says it all: His target isn’t the acquisition of knowledge (it’s good for people to learn), but the wasteful, exorbitant system that in many cases impedes rather than facilitates the acquisition of knowledge. Five provocative words on the book’s opening page—“there’s way too much education”—are predicated on the proposition that learning and education are distinct, that garnering credentials does not correlate with increased erudition or competence.

It’s no secret that the costs of higher education have been rising steadily for decades. Universities have long been reallocating resources away from basic classroom instruction and towards amenities, administrative payrolls, athletic programs, student services, and construction projects. The ready availability of federal student loan money has enabled colleges to hike tuition and fees, forcing students to shoulder heavy, often unmanageable debt burdens. As a result, the artificially inflated price of a college degree is greater than the actual costs associated with teaching and research.

Caplan believes enough is enough. “The heralded social dividends of education,” he insists, “are largely illusory: rising education’s main fruit is not broad-based prosperity, but credential inflation.” He boldly submits that “the average college student shouldn’t go to college.”

Objections to these strong claims are predictable: don’t college graduates earn more money than those without a college degree? The answer, of course, is yes. But that’s not the full story.

Caplan explains that the primary value of a college degree is in its “signaling” power. That diploma on your wall doesn’t tell employers how much you know or what skills you have attained. Rather, it signals to them your tenacious character and work ethic. Finishing college proves you have the wherewithal and discipline to claw your way to the top. The problem, of course, is that an abundance of earned bachelor’s degrees diminishes their value while graduate degrees become the substitute marker of distinction. If you aren’t learning practical skills as you chase multiple degrees, you and the institutions funding your education (likely the government) are just dumping money to jumpstart or advance your career, in which case all this spending seems, well, inefficient and unnecessary.

Courses in college aren’t intrinsically valuable. You can spend months on YouTube watching recorded faculty instruction at Yale and Stanford, learning vast amounts of information, but no one will hire you for that effort. After all, you’ve gained no credential. On the other hand, you could sit through college classes that don’t interest you, excelling on exams but forgetting the tested material as soon as the class ends. You will be no wiser from this experience. Employers know that and don’t care. They don’t hire students for wisdom or knowledge. They hire students with a record of demonstrated success.

Caplan emphasizes the importance of “conformity” to the signaling model. Employers and teachers share a key preference: they generally favor cooperative and dutiful personalities over lazier and more disagreeable alternatives. The ability to fit in, to adapt to different social settings, tends to impress business leaders. College grades reveal temperaments, dispositions, traits, and priorities—they demonstrate whether a student conforms to expectations. Formal education isn’t the only way to demonstrate conformity, but, in Caplan’s words, it “signals a package of socially desirable strengths.” He adds, “If you want the labor market to recognize your strengths, and most of the people who share your strengths hold a credential, you’d better earn one too.”

Caplan sensibly advocates vocational training as an institutional corrective, but has little workable advice for people pursuing certain vocations. Someone who wants to be a teacher must earn the necessary credential; someone who wants to be a lawyer must attend law school. Whether these credentials are needed at all—that is, whether they are suitable prerequisites that adequately prepare students for the everyday practice of their desired vocation—is a significant question warranting extensive debate, but regrettably it falls outside the scope of Caplan’s project. His substantial case against education might leave you wondering, at any rate, why he thinks universities can effectively provide vocational training at all. If they’re so bad at what they do, why would they shine at this new task?

There’s also a “presentist’ element to Caplan’s thesis. Universities weren’t designed to prepare students for vocations outside of medicine, law, or the clergy. Until late in the 20th century, you didn’t need college to compete on the job market. Universities have a complex and chaotic history that makes undue emphasis on workforce training seem shortsighted. The number of students attending college to advance innovative research or otherwise contribute academically to the sum of knowledge remains low. The central purpose of the university isn’t served by the current form of higher education in which a premium is placed on employment outcomes. Caplan isn’t trying to remake higher education or return it to its medieval roots, but by inflaming passions at least he might redirect attention to the central mission of universities: to educate and spread knowledge.

As the holder of a Ph.D. in English, I commend the colorful chapter “Nourishing Mother” to the skeptically inclined humanities professor who stands ready to accuse Caplan of prizing social and economic returns over the immeasurable effects of literary, aesthetic, philosophical, historical, or theological inquiry. The scholar of arts, society, and culture may be surprised to find a useful ally in Caplan, although his discussions of “high culture” and “taste” may irritate English professors, who will quickly recognize how little Caplan understands their discipline.

It’s obvious that higher education in its current manifestation is financially unsustainable. Something has to give. Skeptics should read The Case Against Education with an open mind and an eye toward the future. Caplan is heavy on issue-spotting but short on solutions, but he provokes difficult conversations that are long past due.

What is Libertarianism?

In Arts & Letters, Economics, Humanities, liberal arts, Liberalism, Libertarianism, Philosophy, Western Philosophy on April 18, 2018 at 6:45 am

Definitions of libertarianism often convey a sense that this philosophy is total and complete, that its manifestation in the concrete world is immanently knowable. Vigorous debates about the fundamental tenets of libertarianism dispel any hope that the essence or principal attributes of libertarianism can be easily captured in a brief sentence or paragraph.

The central concern of libertarianism, however, is to maximize individual liberty and economic freedom to enable human flourishing. Liberty and freedom involve the ability of human agents, acting alone or in concert, voluntarily to pursue their wants and goals using their earned talents and natural skills, absent the forcible, coercive mechanisms of government and without infringing on the rights of others to so act.

Elsewhere I have said that “[e]xperimentation is compatible with—perhaps indispensable to—libertarianism to the extent that libertarianism is, as I believe, the search for the correct conditions for human flourishing—as well as the cautious description and reasoned implementation of principles emanating from that condition.”[1]

I used the phrase “to the extent that” to suggest that my conception of libertarianism is not definitive or absolute, that it is subject to scrutiny and debate. I emphasized “the correct conditions for human flourishing” because libertarians have propounded disparate and even contradictory theories about how best to achieve human flourishing.

The conditions that have succeeded to that end have proven themselves to be correct, or at least more correct than demonstratively unworkable alternatives.

The word “search” is meant to underscore the primacy of the intellect and knowledge: Human agents must be free to think and freely articulate the content of their thoughts before practices and institutions—the products of thought—may be tested, refined, verified, modified, adapted, or discarded according to their tangible success within physical (as opposed to purely mental or ideational) experience.

The principles that emerge from this process of applied thinking can be described as libertarian if they aspire to generate and actually generate individual liberty and economic freedom without increasing the forcible interference of government with consensually interacting human agents.

 

[1] Allen Mendenhall, Literature and Liberty: Essays in Libertarian Literary Criticism (Lexington Books, 2014), p. 14 (italics added).

Licensing Away Economic Prosperity

In Economics, Law, Libertarianism, Politics on March 21, 2018 at 6:45 am

This article originally appeared here in the Alabama Political Reporter. 

Do you want to alleviate poverty in Alabama? Do you want to curb the power of special interest groups over government agencies? Do you want more affordable goods and services in basic industries?  Do you want to help disadvantaged groups find good jobs and become productive citizens? Do you want to reduce the population of our overcrowded prisons?

If you answered yes to any of these questions, you should read a new reportpublished by the Alabama Policy Institute titled “The Costs of Occupational Licensing in Alabama.” Coauthored by Daniel Smith (Troy University), Courtney Michaluk (Troy University), David Hall (Troy University), and Alex Kanode (George Mason University), the report details the effects of occupational licensure on our state.

What is occupational licensure? In short, it’s governmental regulation requiring people to obtain a license before entering into certain trades or fields. Sounds harmless, right? Aren’t these regulations in place to protect consumers from exploitation and inexpert practices? Such reasoning led to the rise in occupational licensure, which today extends to several zones of economic activity.

However well-meaning, occupational licensure has had unintended consequences on the people it’s designed to protect. Instead of helping average consumers, it lines the pockets of industries that have lobbied to regulate away entrepreneurial forces that drive down costs.

If you’re poor and trying to find low-skilled work as a barber, manicurist, eyebrow threader, hair stylist, school bus driver, or shampoo assistant, you must obtain a license first. This license may be prohibitively expensive because of renewal fees, coursework, continuing education, and so forth.

“Alabama licenses a total of 151 occupations,” according to the report, “covering over 432,000 Alabama workers, which represents over 21 percent of the labor force.” Think about that: more than two of every 10 people working in Alabama need a license to do what they do for a living. Licensing boards governing admission standards and prerequisites can mandate expensive training and dues that don’t affect the quality of industry services.

Economists refer to occupational licensure as a barrier to entry. Barriers to entry ensure that those already within a profession or trade can raise prices to artificially high levels, in effect squeezing out competition by using the mechanisms of government to control the market.

Inflated prices harm low-income families who cannot afford to buy what they could have bought if the market had set prices based on natural supply and demand. Spouses of military service members often suffer from occupational licensure because, when they move from state to state, they must jump through hoops to enter the licensed profession in which they practiced in other jurisdictions.

Occupational licensure is, in short, a net burden on the economy, escalating prices, limiting consumer choice, and restricting economic mobility.  The API report estimates that the overall costs of occupational licensure in Alabama exceed $122 million. That’s a lot of money. What can be done to keep some of it in the hands of the ordinary people who need it most?

The report proposes five reforms for Alabama policymakers:

  1. “[T]hey can reform current procedures for extending occupational licensing to new occupations and mandate thorough review processes to ensure that licensing is not extended to new occupations without a demonstrable and severe threat to consumer safety that cannot be overcome with the market mechanisms, such as consumer or expert reviews, reputation, guarantees, or private certification, or the already existing government laws, such as those dealing with liability, fraud, misrepresentation, and false advertising.”
  2. “[T]hey can establish procedures to systematically review all licensure requirements for currently licensed occupations to ensure that they do not require unnecessary or excessive requirements or costs for licensure.
  3. “[T]hey can systematically review all currently licensed occupations to determine, individually, whether a demonstrable severe threat to consumer safety exists. If not, they can remove occupation licensing entirely for those occupations.”
  4. “[They] can explore licensure reforms that specifically target ex-offenders” to reduce the prison population and criminal recidivism.
  5. “[They] can … explore occupational licensing reform with military members and their families in mind.”

A short article cannot capture the nuance and particulars of the entire report; readers should view the report for themselves to make up their own minds.

During this time of partisan divide and political rancor, people of good faith on both the left and the right can agree that something needs to be done about occupational licensure. The problem cannot continue to grow. It presents a unique opportunity for Republican and Democratic lawmakers to come together to ease economic burdens on the people of Alabama. Let’s hope they seize it.

Why do lawyers cost so much?

In Economics, Law on December 20, 2017 at 6:45 am

This speech was delivered on September 21, 2017, at a “Law & Liberty” conference cosponsored by the Foundation for Economic Education (FEE) and the Blackstone & Burke Center for Law & Liberty on the campus of Faulkner University.

The American Bar Association: An Economic Perspective

In Academia, America, American History, Economics, History, Humane Economy, Law, Law School, Legal Education & Pedagogy, Libertarianism on October 18, 2017 at 6:45 am

Bob Higgs, the Man with a Smart Card

In Creativity, Economics, Law, Politics, Science on October 11, 2017 at 6:45 am

A different version of this article appeared here in the Library of Law and Liberty.

The U.S. healthcare industry is notoriously inefficient and troublesomely massive. It’s also wealthy and getting wealthier and more powerful as medical costs have exceeded, by some estimates, $10,000 per person.

What’s to be done?

Back in 2005, a group of healthcare experts asked, in a RAND Corporation study, whether electronic medical-record systems could transform healthcare by reducing costs and increasing efficiency. The answer, in short, was: it depends.

Although systematizing electronic medical records could save over $81 billion per year, these potential savings would be realized, the study concluded, only if healthcare in the United States integrated new technologies to allow for the flow of medical data between the patient and relevant parties such as doctors, hospitals, or insurers. Non-standardized record systems would result, by contrast, in inconsistent, inefficient, and incomplete data exchanges that could increase rather than decrease costs.

RAND Corporation revisited the issue in 2013, finding that healthcare expenditures had grown by $800 million since 2005 in part because systems of electronic medical records remained non-standardized. “We believe that the original promise of health IT can be met,” wrote Arthur L. Kellermann and Spencer S. Jones, the authors of the study, “if the systems are redesigned to address these flaws by creating more-standardized systems that are easier to use, are truly interoperable, and afford patients more access to and control over their health data.”

Healthcare in the United States is constitutionally fragmented: Not only does the industry consist of various entities, from doctors and hospitals and insurance providers to commercial suppliers of devices, goods, and services, but also the pricing of medical services is unreliable and unpredictable in part because the country is so large and the industry subject to different regulations from state to state.

Information integration could go a long way towards cutting medical costs and increasing medical savings. For example, it could reduce waste resulting from misdiagnoses, repetitive procedures, erroneous prescriptions, and duplicate testing and imaging.

What if there were a simple solution for this waste?

One entrepreneur believes he’s found the technology to revolutionize the way healthcare records are shared and maintained through Health Information Exchange (HIE).

Robert E. Higgs is the founder of ICUcare, a company that aims to improve technologies in the fields of telemedicine and electronic health records. He has invented a “smart” health card that can contain a patient’s complete medical history, which is stored in a cloud. His vision is that patients own their personalized smart cards, which they can voluntarily submit to healthcare providers and institutions for cheaper and more efficient services. Data on the card are easily stored and updated and exchanged only with the patient’s consent; thus, in the case of emergency, the patient’s medical records can be readily accessed and quickly reviewed.

There remains, sadly, a felt need to transition the healthcare industry from paper to electronic records. The smart card meets this need, but it does much more. It tracks your billing history, reconciles erroneous payment information, protects against fraud and identity-theft, and serves as a conveniently portable device.

One would expect such a card to have been in circulation by now, given the extensive government investment in HIEs. President George W. Bush, for example, issued an executive order in 2004 to create the Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC), a division of the Department of Health and Human Services (DHS) designed to advance technology and innovation pertaining to the exchange of healthcare information. This office created eHealth Exchange, a coalition of states, federal agencies, hospitals, medical groups, pharmacies, and other such entities that’s now run by the Sequoia Project.

But the federal government and the public-private partnerships it has fostered have been unable to produce a smart card that matches Higgs’s in capability and functionality. And even if they had, government retention of sensitive medical data would, among other things, raise privacy concerns that voluntary private transactions and coordination would alleviate.

Moreover, the many spinoff organizations emanating from the ONC and DHS have only crowded the field with swollen, inefficient government and quasi-government structures and programs. Rather than helping the situation, these putative “solutions” have slowed down innovators like Higgs, forcing them to deal with politicians and bureaucrats rather than patients and hospitals.

Having heard about Higgs’s curious smart card through a friend, I decided to reach out to him to find out more. I asked him, first, about privacy implications, namely whether the smart card could increase incidents of non-consensual data transfers and disclosures.

The smart card, he said, “never sends data to the care provider—it brings the care provider to the data.” He explained that data on the smart card are encrypted using the same standards as those used by the Department of Defense for common-access cards.

“We used Advanced Encryption Standard 265, or AES-256,” he said, “the highest standardized encryption specification that’s used worldwide by entities as diverse as corporations and the U.S. government. The key size of 256 bits means that the key, which turns encrypted data into unencrypted data, is a string of 256 ones or zeros.”

I admitted that I didn’t fully understand.

“Put it this way,” he said. “The research I’ve read indicates that each character has two possibilities—one or zero—for which there are 2,256 possible combinations. If 50% of the possibilities must be exhausted to determine the correct key, then you need to guess 2,255 of them [to hack the encryption].”

Pressed about how long it would take to test all possible keys to break the encryption, Higgs, parroting a claim I’ve heard used to describe bitcoin, said, “The universe itself has existed for 14 billion years. It would take something like 1.5770813e18 longer than our universe’s full age to exhaust just half of the key-space of our encryption.”

An attempt to verify Higgs’s figures turned up a plethora of studies and blog posts about encryption and decryption, bitcoin, hacking, and computer engineering (the calculation appearing on many blogs and tech sites is ~6.7e40, which equals 235,385,265,247,008,100, which is multiplied by 6.7 to yield the 1.5770813e18 number that Higgs supplied).

These calculations can be confusing, but the point Higgs wanted to drive home is that the smart card reverses the current power imbalance: today corporations and governments store medical records that patients often can’t access or don’t know about; the smart card, however, empowers patients to store their own records that they may voluntarily release to corporations and governments. The smart card, in other words, returns agency to the consumer whose data is at stake.

It would also, Higgs alleges, reduce rates of healthcare fraud. According to estimates by the National Health Care Anti-Fraud Association, the United States loses tens of billions of dollars every year due to healthcare fraud. Canada, Germany, and France have each instituted some form of a smart card to successfully cut back on fraud.

A company called Cerner has just landed a deal with the Department of Veterans Affairs (the VA) to implement an electronic health records system. The move away from the VA’s Vista system to Cerner’s electronic system suggests that at least some government officials are aware of the need to adopt interoperable and integrated measures of retaining and sharing medical records. The VA will implement the same electronic health record system used by the DOD.

So far as I can tell, however, Cerner has not created a smart card like Higgs’s. I reached out to Adam Lee, a senior communications partner at Cerner, to ask about smart cards and Cerner’s hopes and plans with the VA. Lee referred me to this press release about Cerner’s work with the VA but did not discuss smart cards.

Talking to Higgs is like talking to a computer: more engineer than salesman, he’s strikingly intelligent but has difficulty getting through to politicians. He’s monotone and meticulous, frank and unexcitable. He’s fast with facts and figures and savvy with technology, but the average politician wants to know primarily whether the smart card appeals to constituents and only secondarily whether it’s operable and efficient.

Higgs grew emotional during our phone call, however, as he told me the story of his wife, who underwent a routine procedure that went wrong. He claimed that, during this standard operation, errors were made that could have been avoided had her doctors possessed his wife’s proper medical records. She’s been subjected to numerous tests throughout her illness, he said, only to have them redone when visiting a new facility or specialist because of an inability to simply retrieve her medical history. She remains in bad shape, living at home with hired assistance.

This unfortunate situation has motivated Higgs to seek answers to save others from similar mistakes in similar circumstances.

If Higgs’s smart card is so great, you might ask, why hasn’t it been adopted? Why haven’t I heard of it? Why doesn’t it circulate widely? Why aren’t hospitals jumping at the opportunity to use it?

The answer, according to Higgs, is simple: the healthcare industry doesn’t want you to know about his smart card because it doesn’t want to reduce costs. It’s full of people getting rich off inefficiency and artificially high prices. Lobbyists for the healthcare industry have taken advantage of the fear and apathy of politicians to ensure that technological progress is delayed or stymied.

Thus, Higgs describes his job in terms of David versus Goliath.

There are numerous ideas about how to trim healthcare spending; Higgs’s smart card is not the exclusive remedy or sole fix. But it’s an encouraging development. Healthcare spending makes up about 17.8% of the nation’s economy, according to an actuary report by the Centers for Medicare and Medicaid Services. And it shows no signs of decreasing. This trend is unsustainable; something must be done—and undone.

We could use more men like Higgs and less government to push us in the right direction before it’s too late.

 

 

 

How to Fight the ABA’s Anticompetitive and Discriminatory Practices

In American History, Economics, History, Law, Legal Education & Pedagogy, Scholarship on September 13, 2017 at 6:45 am

This piece was originally published here by the James G. Martin Center for Higher Education.

Recently I urged top law schools to stand up to the excesses and abuses occasioned by the ministrations of the American Bar Association (ABA). These schools could band together and follow the lead of the journalism schools at Northwestern and Berkeley, which dropped their accreditor, the Accrediting Council on Education in Journalism and Mass Communication, earlier this year because accreditation standards were outmoded and not worth the cost of compliance.

But states can also fight the ABA and are arguably in a better position to do so.

The ABA is a nonprofit organization incorporated in Illinois that operates like a trade union for lawyers. Founded in 1878 by a small group of prominent East Coast lawyers, it has accredited law schools under the authority of the U.S. Department of Education (DOE) since 1952.

Why, exactly, would states want to push back against the ABA? There are two reasons, the first involving economics and the second involving racial diversity in the legal profession. In other words, both the Right and the Left have a standing interest in diminishing the ABA’s power.

The Economic Reason

The ABA remains the sole accreditor for legal education in the United States. Its onerous and in many cases outmoded regulations drive up the price of law school, forcing schools to reallocate resources away from students and education and towards regulatory compliance.

The high costs of legal education resulting from ABA regulations are passed off to ordinary consumers over time.

As one example, ABA Standard 701 states, “A law school shall have facilities, equipment, technology, and technology support that enable it to operate in compliance with [ABA] Standards and carry out its program of legal education.” To address this standard, law schools have furnished computer labs with fancy equipment to give the appearance of technological sophistication. But the labs and equipment often go unused.

The legal profession is notoriously behind the times on the technology front, and it takes advantage of anticompetitive restrictions regarding the unauthorized practice of law to push out innovative companies like LegalZoom that offer creative and inexpensive services. If the ABA were serious about technological innovation in law schools, it wouldn’t burden online and distance education the way it does in Standard 306. It bears noting, as well, that the ABA’s official interpretation of Standard 306 includes the “Internet,” “video cassettes,” “DVDs,” and “CD-ROMs” as examples of “technology.” Not exactly inspiring or pioneering. No wonder some analysts predict that computers and artificial intelligence will replace lawyers.

The high costs of legal education resulting from ABA regulations are passed off to ordinary consumers over time. They also prevent people with low to modest incomes from attending law school. According to Law School Transparency, the cost of legal education at private schools has risen from an average annual tuition of $7,526 in 1985 to $41,985 in 2013. The average cost of legal education for in-state students at public schools rose from $2,006 in 1985 to $23,879 in 2013 (for non-residents, tuition increased from $4,724 in 1985 to $36,859 in 2013).

These figures suggest that disadvantaged students do not have the financial means to delay or suspend a career to pay for legal education, or to take out student loans with an interest rate that exceeds that of the housing market. Thus, the ABA not only inadvertently drives up legal costs for all consumers, but also prevents many consumers of certain income levels from entering the legal industry to reform it from the inside.

The Diversity Reason

The ABA has an ugly history of targeting ethnic minorities who aspired to become attorneys. For most of the 20th century, it openly discriminated against African Americans, officially excluding them from membership for 66 years.

In 1912, the ABA ousted three African Americans from membership and issued a resolution proclaiming, “it has never been contemplated that members of the colored race should become members of this association.” Recent decades have seen the ABA attempt to make up for its racist past by instituting committees and programs aimed at racial diversity and championing what are widely considered to be leftist social causes.

These efforts, however, seem insincere—just another PR tactic—because the very purpose of the ABA’s accrediting arm (the Council of the Section of Legal Education and Admissions to the Bar) is to exclude people from legal education. To this day, the exclusionary policies and practices of the ABA disproportionately impact African Americans and other racial minorities. In other words, the ABA still does precisely what it was designed to do: keep African Americans, other minorities, and poor people out of the practice of law.

Law schools that are not ABA-accredited often offer inexpensive, part-time evening or night programs that enable students to work during their studies. Students who cannot afford to take off years of work to pursue legal education can complete these programs in four to five years. This affordable option provides needed access to legal education for low-income students who wish to become lawyers.

The ABA was formed, in part, to segregate the legal profession from ethnic minorities. It can’t be used now to the fix problems it caused and exacerbated.

Under present conditions, however, a graduate from one of these unaccredited schools can sit for a bar exam only in the state in which the school is located—and only if the state allows that. Unaccredited law schools also carry a stigma.

For these reasons, among others, ethnic minorities and disadvantaged students who are able learners with competitive test scores and academic records typically forego affordability and choose to attend ABA-accredited schools with a higher sticker price. These students thus take out massive loans and dig themselves deeper into a financial hole from which it’s difficult to emerge, even with good jobs coming out of law school.

Critics of unaccredited law schools point to high attrition rates and low success on bar exams to rationalize increased restrictions and stricter standards. But if the ABA no longer accredited law schools, capable students would begin to populate what are now unaccredited law schools, if for no other reason than affordability. Expensive law schools that are currently ABA-accredited would be forced to find cost-cutting measures to remain competitive in the market and attract new students.

The prevailing justification for ABA accrediting authority is that such superintendence is necessary to protect consumers. But protect consumers from what? From a more diverse legal community? From black people? From poor people? That is the message the ABA is sending.

The ABA would never defend itself in these terms, nor purposefully discriminate with the goal of ensuring that the profession remain predominately white. Yet it can’t deny the realities that flow from its very purpose for existing. The ABA was formed, in part, to segregate the legal profession from ethnic minorities. It can’t be used now to the fix problems it caused and exacerbated. It simply lacks the institutional incentives and infrastructure to realize the objectives of diversity or inclusion.

Revising Standard 316

To make matters worse, the ABA is considering revising its Standard 316 to require law schools to maintain a 75 percent bar passage rate among its graduates in at least three of the last five years. Law schools failing to meet this standard face potential consequences for non-compliance, including loss of accreditation. The ABA House of Delegates rejected this measure in February, but the ABA has issued a questionnaire to law schools pending the possible reconsideration of this revised standard in 2018.

The ABA Council for Racial and Ethnic Diversity opposes the revised standard, which was proposed to address concerns that greedy law schools, faced with declining enrollments, were admitting unqualified students to generate tuition revenue. Although this criticism has merit, the revised standard is the wrong remedy. It will disproportionately impact schools in states like California, where bar passage rates historically have been low. Moreover, it could limit educational options for minorities who aspire to practice law by punishing schools with high minority enrollment.

You might be asking, “Why is the author advocating reform that would lower standards? Don’t we want better attorneys? And don’t we have enough attorneys already?” If the bar exam measured the ability to practice law, it might be a reliable indicator of a person’s legal skills. But it has little to do with actual practice; therefore, passing or failing it doesn’t measure one’s legal skills. It also delays what has already been delayed during three years of law school: the practical experience necessary to make a good lawyer.

If there were no law schools, no bar exams, and no barriers to entry, we could still figure out how to weed out the good lawyers from the bad. In fact, we might even see exciting new advances in the field of online reputation markets that could rank and assess lawyers, giving a feedback mechanism to consumers.

If there were no law schools, no bar exams, and no barriers to entry, we could still figure out how to weed out the good lawyers from the bad.

And sure, there are a lot of attorneys. But having a lot of attorneys is not necessarily a bad thing. If we were to roll back all the anticompetitive practices perpetuated by the ABA, state bar associations, and their lobbyists, which work together to solidify lawyers’ monopoly on the practice of law, the costs of legal services could be drastically reduced. An overabundance of lawyers would simply mean that hiring lawyers would be cheap. It’s unlikely, at any rate, that we’d ever see an overabundance of lawyers in such a competitive market because intelligent people would choose to enter a different profession where salaries are higher.

The ABA discusses the bar exam in several standards: Standard 315 (the official interpretation), Standard 316, Standard 504, and Standard 505. The unintended consequence of this emphasis is to unreasonably encumber students and schools with red-tape administrative measures that have no proven effect on the quality of legal services.

Conclusion

The economic function of the ABA is, as I’ve said, to serve as a barrier to entry. Milton Friedman once declared that “[t]he overthrow of the medieval guild system was an indispensable early step in the rise of freedom in the Western World,” adding that it was also “a sign of the triumph of liberal ideals.” Recently, though, there’s been what he called a “regression,” and the ABA is a case in point.

Combating the ABA isn’t easy. This organization is equipped with powerful lobbyists and enjoys longstanding relationships with influential politicians. Still the states, through their supreme courts and bar associations, remain in control over the admission of candidates into the legal profession in their jurisdiction.

State bar associations are typically corporations to which state legislatures have granted monopoly powers over the legal profession, subject to the oversight of state supreme courts. They are not affiliates or adjuncts of the ABA. If several state supreme courts and state bar associations allowed all graduates of non-ABA accredited law schools to sit for the state bar exam in their state, they could curtail the ABA’s authority and diminish the ABA’s credibility. To this end, they could also enter into reciprocity agreements with other states to allow graduates of non-ABA accredited schools in those states to sit for the bar exam.

State supreme court justices—or justices sitting on the highest court in their state—are elected in a majority of states. And of course judicial appointments are always political to some degree. Thus, these justices are likely attentive to the demands of an informed public. Citizens should press their state supreme courts about the ABA, especially during campaign season when seats are up for grabs. Moreover, citizens should urge their legislators to interrogate state bar associations about the ABA. After all, state legislators can undo legislation empowering state bar associations.

Citizens should press their state supreme courts about the ABA, especially during campaign season when seats are up for grabs.

Of course, the Obama administration contemplated another alternative that would likely appeal to both President Trump and Secretary of Education Betsy DeVos: the DOE could strip the ABA of its accreditation authority altogether, in effect getting the federal government out of legal education. (Obama was motivated by animus against for-profit colleges, as reflected in his Education Department’s gainful employment rule, whereas Trump’s interest would be in scaling back federal meddling.) This solution would leave matters of accreditation and bar eligibility to the respective states. Stripping the ABA of accrediting powers, however, raises other concerns, given that, at present, a law school’s eligibility to receive federal funds is tied to accreditation.

In this period of political rancor, reining in the ABA should appeal to both the Left and the Right, the former on grounds of racial diversity and fundamental fairness and the latter on grounds of decentralization and economic freedom. Despite the vitriolic and malicious rhetoric emanating from our politicians and media pundits, I believe most Americans want to get along and facilitate constructive dialogue about pressing issues. Why not refocus our attention on matters about which there is critical consensus? Why not work together, as a start, to curtail or revoke the ABA’s ability to accredit law schools?

This move could reduce the costs of legal education and, hence, of legal services. It could go a long way towards restoring confidence in the legal profession and freeing up law schools to work more closely with state supreme courts and state bar associations to meet the needs of local markets, adapt to new industry technologies, and satisfy the changing demands of consumers.

%d bloggers like this: